LA NECESARIA AUTONOMÍA

        

Cuando en 1962, luego de trabajosas negociaciones, se consensuó en la Convención Constituyente santafesina la incorporación/creación del Tribunal Electoral como organismo superior electoral, autónomo e independiente de los otros poderes, se convino que debía ser una ley la que determinara específicamente "la composición y atribuciones" del mismo, así como la creación de una Secretaría Electoral dependiente de aquel.

La disputa previa se dio entre dos núcleos de opinión que, en lo esencial, postulaban, el uno incorporar el organismo electoral y su Secretaría al texto constitucional y el otro deferir la cuestión electoral al dictado de normas infraconstitucionales, delegando así la responsabilidad de estructurar todo el sistema o régimen electoral, incluidos sus órganos rectores, a las futuras Legislaturas.

El art. 29 de nuestra Constitución, entonces, como reflejo del acuerdo a que se arribó en virtud de aquellos consensos, crea (aunque de manera muy escueta) el Tribunal Electoral como extrapoder, autónomo e independiente de los otros poderes constituidos. Los convencionales definieron, así, la naturaleza de este organismo y delegaron las definiciones sobre su composición, estructura (incluida su Secretaría)  y competencias a las leyes inferiores.

Aquellos convencionales no tenían dudas sobre la pertenencia y subordinación de la Secretaría Electoral al futuro Tribunal, autoridad con competencias exclusivas y excluyentes en  materia electoral, y menos dudas aún tenían de los “peligros” que implicaba tener representantes del Ejecutivo en ese Tribunal. Así surge de las transcripciones de los debates suscitados en las sesiones constituyentes:

“Nosotros queremos incluso, que ese Tribunal Electoral mantenga en forma permanente un secretario electoral. La democracia no solamente debe quedar en los instrumentos teóricos, sino que es necesario darle una dinámica práctica. Y entonces, en esa secretaría electoral que nosotros queremos institucionalizar en una serie de incisos disponiendo sus alcances, señalamos que esta es la oportunidad para poder realizar una obra importante al servicio de las futuras elecciones de la provincia, libre de toda sospecha”

“Hemos dicho reiteradas veces que este tribunal, cuando lo integra algún representante de un poder político de la provincia, ya, desde ese mismo instante, carece de las indispensables garantías para la oposición (Convencional Tessio)

“Nosotros creemos necesario que el Tribunal Electoral actúe con absoluta prescindencia de los organismos políticos. Santa Fe tiene ejemplo concreto porque en nuestra provincia integra el Tribunal Electoral un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo, y eso no es garantía de imparcialidad frente al problema del control de los comicios y del escrutinio”

“... quiero señalarlo para que en el futuro se vea como peligrosa la presencia de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo y para evitarlo propongo un agregado, en el sentido de que no podrán formar parte del Tribunal Electoral los miembros de los poderes políticos de la provincia”

“Podrían ser funcionarios -como el señor convencional Ulla dijo— especiales, que gozaran de estabilidad pero que no pertenecieran a los poderes políticos de la provincia.” (Convencional M. Raymonda)

(Extractos de las sesiones de la Convención Constituyente 1962. Dr. Domingo Rondina https://www.constitucional.com.ar/diputados-modelo-1962/ ). Aconsejable lectura, para entender varias cuestiones relacionadas al sistema electoral provincial y verificar, en muchos casos, su incumplimiento en las leyes posteriores

Así, la ley 4990/59 (anterior a la reforma constitucional del 62), que a la postre aún funge como una “limitadísima” ley electoral provincial, en su art. 32 reformado establece la composición del Tribunal Electoral con “… un juez de la Corte Suprema de Justicia, que ejercerá la presidencia del Tribunal y, con el carácter de vocales, por un juez de las Cámaras de Apelación de Santa Fe y otro de las de Rosario. Uno será del fuero Civil y otro del fuero Penal.” Recordemos que por su raíz constitucional, el TEP es autónomo e independiente de los otros poderes, a pesar de lo cual, como se ve, está integrado por miembros del Poder Judicial, incluido el Procurador de la Corte, que cumple el rol de Procurador Electoral, según el mismo art. 32

Ello no fue obstáculo para que la propia Corte santafesina, cuyo presidente es también el del Tribunal (art. 22, LOPJ), en el fallo Fernandez (Del Frade) - Expte. C.S.J Nº 396/2011, sostuviera “…Considerando 2: “...que el Tribunal Electoral de la Provincia es un órgano independiente, que no es parte del Poder Judicial y, por lo tanto, no le alcanzan las previsiones de los artículos 83 y ss. de la Constitución provincial, en particular, la subordinación o supra ordenación jerárquica respecto de esta Corte Suprema…”.

Con ello, la Corte reconoció que, aún cuando los integrantes del TEP provienen del Poder Judicial, la materia electoral es exclusiva competencia del organismo electoral y sus resoluciones, en cuanto a esa materia, son irrevisables por la Corte, cuyas competencias (arts 83 y ss Const. S Fe y LOPJ) no incluyen la revisión de fallos electorales. Aun así, la Corte sí entiende en los RE contra resoluciones definitivas del Tribunal, lo que, mas allá ser entendible por la necesidad de la intervención de una segunda instancia judicial, incide negativamente en el procedimiento, en el debido proceso, por un lado, y en la necesaria imparcialidad del juzgador, por el otro. Por los tiempos que se toma la Corte para decidir (cuando lo hace) y porque en ambas instancias aparecen las mismas figuras: el Procurador y el presidente de la Corte. 

En este punto es bueno recordar que, a pesar de ser el TEP el órgano constitucional encargado de la resolución de las causas electorales, en Santa Fe se arrogaron indebidamente esa competencia material, cuya prórroga esta prohibida, a veces la justicia civil (Robustelli), a veces los propios poderes políticos (Arcando)

Con respecto a su Secretaría Electoral, la propia ley 4990 en su art. 36, establece que “El Secretario Electoral de la Provincia será el de la Junta Electoral y tendrá a su cargo el despacho de todo lo concerniente a los actos preparatorios de comicio y realización de escrutinios. El P.E., a pedido de la Junta Electoral, designará los empleados extraordinarios necesarios para la preparación de los actos de la elección…”.

Resulta más que claro que el Secretario Electoral depende de y responde a la “Junta Electoral”, y el Poder Ejecutivo solo designa los “empleados extraordinarios” que requiere la preparación de los comicios.

Esto nunca fue así. Los sucesivos Poderes Ejecutivos, sin estar establecido u ordenado por ley, han “cooptado”, de alguna manera, la Secretaría y han mantenido bajo su influencia a este organismo, designando y quitando a piaccere al funcionario Secretario, que carece de estabilidad en el cargo y se transforma en un "funcionario político", llegando incluso en esta última gestión del FPCyS, desconociendo toda la normativa administrativa y de fondo, a "dibujar" un Concurso para designar Pro Secretario Electoral, cargo que legalmente no existe.

Y no existe el cargo de Pro Secretario pues el organismo es encabezado, por ley, por un solo funcionario, el Secretario Electoral, cargo que se encuentra vacante desde hace casi 10 años.

Esta circunstancia no es menor, en tanto el Secretario Electoral es el único "funcionario electoral permanente" y su tarea es, entre otras, la de "asesorar" a los Jueces del TEP, que se renuevan anualmente y carecen, las mas de las veces, de conocimientos profundos de la normativa electoral, puesto que vienen de los fueros penal y civil. El Secretario debe (debería) permanecer ajeno a los vaivenes y cambios de gobierno, velando por la seguridad, transparencia e imparcialidad de los procesos electorales. Ya en 1962 lo sostenían los Convencionales.

Las sucesivas leyes de Ministerios que se dictan en consonancia con la impronta institucional de cada nuevo gobierno provincial, ponen en cabeza del Ministro de Gobierno y Reforma del Estado (FPCyS, Leyes 12807 y 13509),  o del Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad (Frente de Todos, Ley 13920) “Entender en el régimen electoral de la Provincia y en el régimen de los Partidos Políticos, en la convocatoria y desarrollo de los procesos electorales;”, casi con la misma formulación. 

Lo que ni estas leyes, ni ninguna otra, le otorgan al Poder Ejecutivo/Ministerios, es la potestad de integrar a la Secretaría Electoral, y al propio Secretario/a Electoral, a su ámbito institucional político- administrativo. La Secretaría Electoral organismo y el Secretario/a Electoral funcionario/a (en los papeles, pues hoy no tenemos un Secretario/a Electoral), dijimos, deben depender del Tribunal o Junta Electoral (ley 4990), y no del Ministro de turno, con categoría de Director General, categoría que responde al ámbito de la Administración Central.

 Hoy, desde siempre, la Secretaría Electoral es un organismo híbrido, bidependiente (lejísimo de ser independiente), cuyo Secretario responde orgánica y salarialmente al PE y funcionalmente, al Tribunal. Por eso, por ejemplo, IDEMOE, a través de su Directora S. Yasbek, en su informe final de Observación Electoral de las elecciones 2015 resalta que "observó que tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales conviven en funciones electorales. En este sentido, recomienda respetuosamente que se propicien revisiones, para alcanzar mayor especificidad por parte de cada cual. Asimismo, respecto al sistema electoral, pudo detectar algunos aspectos de la normativa sujetos a posibles reformas." (http://idemoe.org/informe-preliminar-de-observacion-electoral-elecciones-generales-santa-fe-14jun15/)

Es imprescindible que el Tribunal Electoral, y su Secretaría, sean, no solo en los papeles, sino en la realidad de los hechos, verdaderamente autónomos e independientes y no respondan, como hasta hoy, a los designios del gobierno de turno, de cuyo humor depende el Secretario Electoral para continuar en su cargo.

Dos razones de peso: la primera es que la jurisdicción electoral es la custodia de los procesos electorales y encargada de otorgar certeza, transparencia, legitimidad, imparcialidad y confianza a los comicios provinciales. La segunda es que no existe ninguna normativa provincial que disponga que la Secretaría Electoral depende del Poder Ejecutivo provincial. Antes bien, y ya se dijo, la ley establece que la Secretaría Electoral depende, orgánica y funcionalmente, del Tribunal Electoral. Como en otras provincias, o a nivel nacional, el Ejecutivo podría "entender en los procesos electorales" a través de un organismo técnico especializado en "administración electoral"

Santa Fe necesita reformular su régimen electoral, entendiéndose por tal tanto su normativa procedimental, como también sus organismos jurisdiccionales y administrativos, para lograr la mayor transparencia, equidad y seguridad jurídica de los procesos electorales, y así revivir la confianza del cuerpo electoral no solo en esos procesos, sino en las normas que  los regulan, en las instituciones u organismos que los dirigen y controlan y, en definitiva, en los resultados, que deben ser el reflejo de la legítima y genuina voluntad popular. Es el momento de crear el Fuero Electoral provincial, con jueces especializados, organismos autónomos e independientes de los otros poderes y con las atribuciones y presupuestos necesarios para poder llevar adelante la relevante tarea de controlar y juzgar los procesos a través de los cuales los santafesinos decidimos a quienes les otorgamos el poder, y el deber, de representarnos. 

EL DERECHO ELECTORAL PASIVO: REELECCIONES

Otro de los temas de gran actualidad a nivel nacional. Las reelecciones en cargos electivos, sean estos ejecutivos o legislativos. Se viene imponiendo una corriente de renovación que impulsa la no reelección, o en su defecto, las reelecciones acotadas, para Diputados y Senadores, Intendentes, Concejales y presidentes Comunales. En Buenos Aires ya es ley. En Córdoba también. Algunos municipios de Mendoza limitaron, por  Ordenanza, las reelecciones de Intendentes. Y tengamos presente que en Santa Fe, donde los Intendentes y Presidentes Comunales pueden ser (y lo son) reelectos tantas veces como se postulen, no hay normas expresas que habiliten la reelección. Si las hay respecto de los Concejales. Y el Gobernador no puede ser reelecto.

En Santa Fe se propugnan ahora tales limitaciones de mandatos. Hay quienes sostienen que es inconstitucional prohibir por ley la reelección. Algunos hablan del derecho humano a ser elegido y reelegido (¿?). El presidente comunal de Theobald (dpto Constitución) fue reelecto por quinceava oportunidad ( https://www.lacapital.com.ar/la-region/el-jefe-comunal-theobald-renovo-mandato-15-vez-n2551823.html). Treinta años initerrumpidos. Treinta y dos, al terminar su actual mandato.

Para mayores datos sobre los “Barones” (y algunas Baronesas) santafesinos, https://www.lacapital.com.ar/la-region/intendentes-y-jefes-comunales-que-pueden-llegar-mandatos-30-anos-n1448890.html

¿Es posible limitar el derecho a ser reelegido?? Sí, claro.

¿Es necesaria para ello la reforma del art. 34 constitucional, en Santa Fe?

En mi opinión, sería necesaria si se pretendiera eliminar la reelección, pero no lo sería para limitar la cantidad de reelecciones, reglamentando razonablemente ese derecho.

Tampoco es necesaria la reforma constitucional para limitar las reelecciones (no habilitadas expresamente) de Intendentes y presidentes de Comuna, y las de Concejales (habilitadas por LOM)

Si tomamos como referencia, nuevamente, los artículos 50 (CN) y 34 y 38(CP), dicen, escuetamente “...son reelegibles.”. No establecen el número de veces que pueden ser “reelegibles”, pero ello no implica per se indefinición sobre ese número. Es más, para reforzar esta idea, el art. 56 (CN) establece expresamente que los Senadores nacionales pueden ser reelegibles indefinidamente, término este (indefinidamente), que no se utiliza en cuanto a la reelección de diputados nacionales.

Si a esta interpretación literal, o textual, agregamos que los derechos se ejercen conforme a leyes que reglamentan su ejercicio y que, según inveterada jurisprudencia de la CJSN, ningún derecho es absoluto y todos son reglamentables, por órganos competentes y con razonabilidad, no habría obstáculo para que, por ley, las Legislatura limiten la cantidad de reelecciones, sin necesidad de modificar esa manda constitucional específica.

Más allá de estas consideraciones es menester decir que la reelección indefinida no es un DDHH. Así lo determina un Informe de la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia), quien, a solicitud de la O.E.A., realizó un pormenorizado análisis respecto de las reelecciones presidenciales en distintos países del mundo. El Informe de la Comisión de Venecia, aqui.

Sobre la constitucionalidad de las reelecciones, y de las limitaciones a las mismas,   http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/8/pr/pr1.pdf, pag. 91, un muy recomendable artículo de Bidart Campos.

  

  EL QUE FUE A VILLA, ¿PERDIÓ SU SILLA? (ó A QUIEN PERTENECEN LAS BANCAS)

Tema álgido. A partir del “pase” del Diputado Lorenzo “Borocotó” desde las huestes del macrismo a las filas K, en 2005, se visibilizó el fenómeno del "transfuguismo" que aquí en Argentina se dio en llamar (como personalistas que somos) “borocotización”. Esta práctica, muy común en nuestro país puede tener, según creo, diversas causas: compra de voluntades por partidos más fuertes u oficialismos, posibilidad de acceder a otros cargos políticos, oportunismo coyuntural, o, final y simplemente, en su acepción más “social”, la traición a ideales o propuestas partidarias y al voto popular, entre otras varias.

Lo cierto es que esta práctica contribuye, en parte, al descreimiento en la representación popular y al debilitamiento y al descrédito de las fuerzas políticas

Se suscitó, entonces, a partir del caso Borocotó, la disputa sobre la “propiedad” de las bancas en los cuerpos legislativos. A quien pertenecen: ¿al pueblo, a los electos o a los partidos que los postulan?

Nuestra Carta Fundamental constitucionalizó, en 1994, a los partidos políticos, los elevó al rango de “instituciones fundamentales del sistema democrático” y les reservo el rol de representantes de las minorías y la competencia de postulación de candidatos (aunque no la exclusividad) en su art. 38.

Sintéticamente, esta historia tiene varios momentos, los que pueden resumirse así:

- En el fallo “RIOS” la Corte Suprema sostuvo lo resuelto por la CNE y defendió la competencia exclusiva de los partidos políticos en la postulación de candidatos, no como mandato constitucional, sino como una opción legislativa, y decidió la imposibilidad de presentar candidaturas por fuera de estructuras partidarias.

- En el citado caso Borocotó, la CNE, (“Pagani Enzo Luis s/ Presentación” (Expte. Nº 4164/05)), reproduce argumentos del Juez de 1° instancia, tales como que “…la proclamación que realiza la Junta Electoral Nacional no resulta vinculante ni obligatoria para la Cámara de Diputados, toda vez que será ésta, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 64 de la Constitución Nacional, en su caso, [...] quien evaluará [...] si el candidato reúne el requisito de idoneidad…”, entre otros, y suma algunos propios, como “…corresponde destacar que los planteos dirigidos a cuestionar la idoneidad del demandado… no pueden ser atendidos en esta instancia, toda vez que …es al momento en que las agrupaciones políticas registran a sus candidatos ante el juez electoral (arts. 60 y 61 CEN) cuando se realiza la verificación judicial del cumplimiento de las calidades constitucionales y legales…”(contradictorio e incoherente), “…es sabido que para la elección de los diputados nacionales el Código Electoral Nacional adoptó el sistema ...D'Hondt, dando así valor a las listas de candidatos oficializadas, sin mencionar a los partidos políticos...”y “…en relación con la elección de diputados nacionales, [no] existe [...] disposición alguna que admita la prevalencia de los partidos sobre los candidatos…”. 

Finalmente, y casi como conclusión anticipada, hace mención a un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación (Sesiones Ordinarias 1987 - Orden del Día Nº 1427, pág. 5437) y, como el dictamen, decide que “…Es claro que al ‘acto de nominación’ por parte del partido se le suma el ‘acto de elección’ por parte del cuerpo electoral”, concluyendo finalmente que “Las bancas no pertenecen al partido sino al pueblo, según el marco de la Constitución vigente [...]. Sólo mediante una reforma constitucional podría incorporarse al texto constitucional la pertenencia de las bancas a los partidos. Por el momento, sostener esta tesis es manifiestamente inconstitucional” (resaltado propio). Esta última aseveración es falaz, como se verá luego

- En un fallo previo, la Corte, conformada por conjueces, había avalado, por mayoría, la interpretación opuesta respecto de los Senadores, al entender que “... del “examen armónico de las normas que regulan el sistema electoral se desprende que, en materia de elección de senadores nacionales, fue intención del constituyente” destinar el sitial en la Cámara Alta “a los partidos políticos” por ende a la segunda fuerza en los comicios y no a un candidato...” y que “cuando el constituyente pretendió dar preponderancia a la candidatura por sobre el partido político que la llevaba adelante, utilizó términos compatibles con tal intención. En cambio, al regular la elección del presidente y vicepresidente de la Nación se refiere a la fórmula de candidatos, sin siquiera mencionar a los partidos políticos (confr. arts. 96, 97 y 98 de la Constitución Nacional)” (Fallo Alianza Frente por un Nuevo País, CSJN, 2003)[1]

Entre los constitucionalistas se dan diferentes interpretaciones. Mario Midon, por ej., sostiene, luego de enumerar distintas cuestiones contempladas por nuestra Constitución, que la potestad de nominar candidatos, es como un “poder derivado” por el pueblo a los partidos políticos, y, en consecuencia, la propiedad de las bancas debe atribuirse al pueblo, que no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. [2]

Félix Lonigro sostiene que las bancas de Senadores pertenecen a los partidos y las de Diputados al pueblo, como postula la CNE en el fallo Borocotó[3]

German B. Campos sostenía que “…cuando los hombres se incorporan a un partido político “no enajenan su conciencia” (D.S.C.D.N. 864 Diputado Maidana),  sino que se obligan a representar el proyecto político de la agrupación política que el pueblo votó y, en caso de disidencia, resignarlo con el cargo que obtuvo en virtud de esa representación.”[4]

“Jorge R. Vanossi, en su informe en la cuestión de privilegio presentada por el diputado Aramburu (orden del día 1.247 del 27 de julio de 1987 que no llegó a ser tratada por la Cámara) daba una opinión..., expresando que la banca pertenecía al pueblo y no debe cercenársele al mismo el derecho inalienable de elegir a través del sufragio pues “el partido lo único que hace es nominar”[5]

“Autorizados juristas europeos del siglo XX sostuvieron que en la democracia de partidos el mandato político no podía sujetarse a las obligaciones del mandato civil; debe pasar el control de los representantes de manos de los electores que los votaron a manos del partido que hizo posible la victoria… En nombre de la experiencia legislativa y de la doctrina de los juristas se sostiene sin oposición que las bancas son del partido de pertenencia. Si esto es así, la banca no es propiedad del tránsfuga electo sino del partido de adscripción. Ergo, la demanda judicial debería centrar la mira en la argumentación jurídica –y sumado a ello la falta de ética e idoneidad moral – para llevar el asunto por el camino más seguro y poder resolver este hechizo en que hoy están clavados los ojos de la nación”[6]

Hay para todos los gustos, y personalmente participo de la opinión que resuelve la pertenencia de las bancas a favor de los partidos.

En respaldo de esta posición, sostengo que:

1.   Los partidos son instituciones constitucionales fundamentales, que tienen la competencia de nominar candidatos. Si bien esta competencia no es exclusiva por imperio constitucional, si lo es por opción legislativa.[7] Mientras no se admitan las candidaturas individuales, por fuera de los partidos reconocidos, los partidos son los canales exclusivos de acceso a los cargos electivos y a quienes la ley le entrega exclusivamente la potestad de “llenar” los lugares en juego. Y aún admitidas, los partidos conservarían la propiedad de aquellas ocupadas por sus postulados

2.      Si así no se entendiera, no tendrían sentido ni la declaración de principios, ni la plataforma política, ni la ideología partidaria, en tanto no se votaría partido, sino candidato (tesis que sostiene la CNE en Borocotò) y los partidos dejarían de ser “instituciones fundamentales”, para pasar a ser solo un medio para el logro de un fin: el acceso “personal” a un lugar de poder. Qué sentido tendría, entonces, hablar de “partido de gobierno”, por ejemplo

3.      La diferencia marcada por la CNE (en Borocotó) y por Lonigro, entre otros, en relación a la diversa pertenencia de bancas de Diputados y Senadores, según entiendo, parte de una interpretación errónea, o por lo menos descontextualizada y estrecha, de los artículos 45 y 54 de nuestra Constitución Nacional, en relación a que los Diputados son representantes elegidos directamente por el pueblo, en tanto en lo que refiere a los Senadores (que también son elegidos directamente por el pueblo), corresponden dos bancas al partido que obtiene más votos y la restante al partido que le siga en cantidad de votos. A partir de allí,  y ante la no mención de los partidos políticos en el art. 45 y la mención expresa de estos en el art. 54, construyen su posición. 

La razón de esta sintaxis constitucional es, a mi entender, otra mucho más simple. Al ser indeterminado el número de diputados en el texto como en su definitivo acceso a la banca, por el sistema proporcional D’Hondt, es imposible asociar la correspondencia de bancas por partido, ya que no se conoce cuantos partidos lograrán cuantos escaños, cuestión que se dilucidará recién en el escrutinio definitivo. Distinto es el caso de los Senadores, ya que el 54 establece específicamente la cantidad de Senadores que asumirán, y como se distribuirán las bancas, por lo que sí es posible determinar cuántos corresponden a cada partido, sujeto esto a cuál de ellos obtenga mayoría de votos y primera minoría. Respecto de la fórmula presidencial, al tratarse de una “fórmula”, única, inescindible y sin tener que “compartir bancas” con otra fuerza (lo que sí sucede con Diputados y Senadores nacionales), sería ocioso mencionar que accede la fórmula del “partido más votado”

4.      Si para muestra basta un botón, la Constitución de Santa Fe emplea la lógica inversa a la nacional. Los Senadores son electos “directamente por el pueblo” (art. 36) y como es uno solo por Dpto., sería una obviedad decir que pertenece al partido más votado, en tanto los Diputados corresponderán “al partido que obtenga mayor número de votos y… a los demás partidos, en proporción…” (art. 32). Es claro que la referencia, o no, a "partidos" se deriva no de la "supuesta pertenencia" de las bancas, sino de la determinación o indeterminación de la "cantidad" de "bancas ganadas" por cada partido

 En este mismo sentido, si la banca perteneciera al pueblo, o al electo, Robustelli hubiera debido resignar su banca a manos de López, que según elección popular era el suplente natural. Como la cuestión del cupo es una regla que debe respetar cada “partido” y no el candidato, la conclusión lógica es que la banca pertenece al partido. Sería insostenible en Santa Fe la teoría de que las bancas no pertenecen al partido, además de que ella contrariaría la opinión dominante en el seno de la Convención del ‘62

5.      La CNE, a pesar de otros argumentos contrarios, sostiene que “Las bancas logradas mediante una alianza transitoria deben considerarse obtenidas por los partidos que la conformaron”. (CNE, Fallo 2916/01)

6.      La  renuncia de la Diputada González, que se pasó al PRO, luego de asumir por el FR, echa por tierra el argumento de que las bancas son personales, en tanto su vacante será ocupada por el FR [8]

7.    En Brasil el “transfuguismo” está penado con la quita de la banca al legislador, pero no al partido. En Entre Ríos se presentó en 2013 un proyecto de ley penando al tránsfuga con la revocación del mandato[9]. En Río Negro la pertenencia de las bancas al partido es norma constitucional (art. 25)

 Respecto de este tema, una última reflexión: la cláusula que otorga a la Cámaras la facultad de ser juez de las elecciones y de los títulos de sus propios integrantes (art. 48, CP, replicando art. 64, CN) debería ser acotada a su real propósito.

En relación a ello, ha sostenido la CNE que “El ser cada cámara juez de las elecciones, los derechos y los títulos de sus miembros en cuanto a su validez, se limita a conferirles el privilegio de examinar la validez de ‘título-derecho-elección’, y nada más. Pero juzgar el acto electoral in totum no implica que las cámaras juzguen aspectos contenciosos del proceso electoral. Todo ello es competencia extraparlamentaria y propia de otros órganos, especialmente [el] judicial.” (Fallo 3303/04)

Como podría, un grupo de ciudadanos, devenidos en legisladores por el voto de otro grupo de ciudadanos, convertirse en juez del título de uno de sus pares y calificarlo como inhábil o inidóneo, si el soberano (el pueblo) lo legitimó a través del voto, luego de que fuera habilitado para postularse conforme lo prescriben la Constitución y las leyes. Tal como aquellos que, elegidos de igual manera, y por oposición, se pretenden hábiles o idóneos.

Dice la CNE, en Borocotó que “... la proclamación que realiza la Junta Electoral Nacional no resulta vinculante ni obligatoria para la Cámara de Diputados, toda vez que será ésta, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 64 de la Constitución Nacional, en su caso, [...] quien evaluará [...] si el candidato reúne el requisito de idoneidad...”, para luego agregar “…corresponde destacar que los planteos dirigidos a cuestionar la idoneidad del demandado… no pueden ser atendidos en esta instancia, toda vez que […] es al momento en que las agrupaciones políticas registran a sus candidatos ante el juez electoral (arts. 60 y 61 CEN) cuando se realiza la verificación judicial del cumplimiento de las calidades constitucionales y legales…”.

Más allá de la evidente contradicción argumental, es importante decir que si la soberanía reside en el pueblo y los legisladores cumplen un mandato popular, la proclamación que realiza la Justicia Electoral Nacional, o el Tribunal Electoral en Santa Fe, es hecha en función de lo que el pueblo elige (voluntad popular) y, en tanto ello es la manifestación de la más pura esencia de la democracia, no puede quedar desvirtuado por decisiones coyunturales “políticas”. Los requisitos de “elegibilidad” de los art. 33 y 38 de la CP, son objetivos y preexistentes, y juntamente con la “idoneidad” del art. 16 de la CN establecen las pautas de referencia a la hora de la postulación. No hay, ni pueden haber, “causas sobrevinientes de inelegibilidad”, aunque si de incompatibilidad o incapacidad, objetivas y regladas. En aquellos casos como el “transfuguismo” y sentado ya mi criterio favorable a la propiedad partidaria de las bancas correspondería al partido que postuló al candidato “tránsfuga” determinar las conductas a seguir. Y correspondería legislar en ese sentido.

Para corroborar nuestra posición y remarcar los razonamientos “pendulares” y a veces incoherentes de la CNE (en este como en otros temas), la citamos: “Carece de interés jurídico cualquier pronunciamiento relativo a candidaturas de ciudadanos que resultaron electos, toda vez que lo fueron como consecuencia de la voluntad popular mayoritaria libremente expresada, por lo que pretender desconocer tal voluntad sobre la base de supuestos vicios en el origen de sus candidaturas resultaría atentatorio a la soberanía del cuerpo electoral que los eligió.” (resaltado propio) ("Carlos E. Branda -Apoderado Partido Justicialista- y Ernesto Branda -Pte. Mesa Directiva del Congreso Partido Justicialista s/impugnan sesión extraordinaria del 24/2/99 del Congreso Pcial. del Partido Justicialista" (Expte. N° 3198/99 CNE – FORMOSA)

En idéntico sentido “El ciudadano respecto del cual se constataron en la etapa correspondiente los requisitos constitucionales y legales exigidos para el cargo al cual se postuló, sin que su candidatura hubiese merecido oposición alguna, habiendo resultado electo en los comicios -esto es, verificada la imputación de la representación-, se encuentra habilitado a ejercer el cargo para el que fue investido por el pueblo.” (CNE, 3741/06)

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[1]    http://www.diariojudicial.com/nota/9587

[2]    http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2006.1/pr/pr15.pdf

[3]    http://www.clarin.com/opinion/bancas-pertenecen-diputados-partidos_0_1006699335.html

[4]    Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, T. IV, La reforma constitucional de 1994, Ed. Ediar,

[5]     http://realpolitik.com.ar/nota.asp?id=3394

[6] Alberto Castells, investigador principal del Conicet - Diario la Nación “Las Bancas pertenecen al partido”, de   fecha 29 de noviembre de 2005).

[7] Ello habilitaría a que, con solo una reforma de la ley, se admitieran candidaturas extrapartidarias, o por fuera de estructuras partidarias

[8]     http://www.parlamentario.com/noticia-98000.html

[9]     http://www.paginapolitica.com/provinciales/proponen-revocar-mandatos-de-legisladores-transfugas.html

                                             

PUEBLO CHICO, INFIERNO GRANDE

                                                     

  En los pueblos chicos, todos se conocen...y todo se conoce. Todos son vecinos de todos, y familiares de muchos. Reina la buena vecindad y la concordia, hasta que la política mete la cola y el pueblo chico se transforma en un gran infierno de pasiones, conflictos y disputas.

  La ley N° 2439 Orgánica de Comunas rige la vida de estos  pagos chicos santafesinos desde 1935 con algún que otro retoque. Para dar una idea del contexto histórico en que esa ley se sancionò, imperaba en nuestra provincia la Constituciòn de 1900/7 y por un breve periodo la de 1921, y mas adelante la actual de 1962. Es decir, la LOC tiene resabios de las autonomìas comunales, y de, por ejemplo, los mecanismos de democracia directa que consagraban esas dos primeras y que luego desaparecieron de nuestra ley superior en 1962, a pesar de lo cual aùn se mantienen en la 2439, sin ningún tipo de operatividad. Son letra muerta.

Esta pequeña reseña nos da la pauta de lo desactualizado del texto, de lo anacrònico de la mayorìa de sus prescripciones y nos debe hacer entender la imperiosa necesidad de, por un lado, modificar de un vez por todas nuestra Constituciòn, adaptándola a la reforma nacional de 1994, pero ademàs, de modificar estructuralmente las normas que sirven de marco jurìdico a la existencia y funcionamiento de esos bàsicos núcleos humanos, sociales, polìticos y jurìdicos que son las Comunas.

Las Comunas además tenìan (y aùn se mantiene en la Ley) su propio sistema electoral, el que devino en inaplicable a partir de la instauración del Tribunal Electoral y de la "desapariciòn" de las autonomìas en la Constituciòn del 62, que, a la vista està, no es taaaan progresista ni de avanzada.

Cada dia surgen problemas nuevos en distintas Comunas de nuestra provincia. Si no se trata de disputas internas de las Comisiones, se trata de problemas financieros, o de conflictos laborales con sus empleados o de presuntas irregularidades en el funcionamiento, o en lo balances, denuncias cruzadas, etc. Y así podemos seguir enumerando diversos temas.

Maciel, una de esas Comunas, terminò intervenida hace poco tiempo. Al presidente comunal de Monte Vera lo denunciaron por malos tratos, en Villa Eloisa denunciaron al presidente comunal por estafas, en Timbues, la Comisiòn actual denunciò a los integrantes anteriores, en Cañada Ombù, el anterior presidente denuncio al actual por incumplimiento de deberes y ahora una integrante de la Comisiòn Comunal de Los Amores, denuncia irregularidades, falta de presentaciòn de balances y rendiciones de cuentas, etc.

Y por si esto fuera poco, tenemos una repentina emociòn (a menos de un año del Censo Nacional), por declarar Municipios a Comunas que ni siquiera cumplen con los requisitos constitucionales.

No se puede seguir haciéndole chapa y pintura al Troncomóvil de los Picapiedras. Es casi como maquillar a un muerto. La Ley de Comunas tiene casi un siglo. Hay que pensar seriamente en la reforma constitucional, en las autonomìas locales y en una nueva Ley de Comunas (y de Municipios) que, respetando esas autonomías, estructure la vida institucional y política de esos núcleos poblacionales de mayor proximidad, y por esa misma razón, de mayor conflictividad política y social.

La conformación de las Comisiones es ineficiente, el sistema institucional es ineficiente, el sistema de elección y la duración de los mandatos es ineficiente. La rererereelección es absolutamente disfuncional.

Como ya esta casi consensuado, los mandatos comunales deben ser de cuatro años. El número de miembros debe aumentarse para posibilitar la aplicación de un sistema mixto de elección de Comisiones: proporcional D'Hondt y/o un número mínimo de integrantes por minorías, según la cantidad de votos obtenidos. Eso, solo para empezar. Y debe estipularse la reelección por un solo periodo, como para todos los cargos electivos.

NO ME CORRAN CON LA PARIDAD....

Córranme con el sistema establecido en el Código Electoral. Eso podría haber solicitado Lucila Crexell

El caso de Lucila Crexell puso (otra vez) en el centro de la escena las cuestiones de paridad para los reemplazos o vacancias en las listas legislativas. Pero esta vez equivocadamente.

En Neuquén, la lista de Senadores nacionales de la Alianza Frente por el Cambio. postuló a Horacio Pechi Quiroga como 1°  titular y a Crexell (en virtud de las reglas de paridad y alternancia), como 2° titular, con sus respectivos suplentes del mismo género/sexo. En el interregno entre las P.A.S.O. (cuyos resultados favorecieron a esa Lista, por lo que se alzaba con los dos Senadores por la mayoría) y las Generales, fallece Quiroga (obviamente, antes de resultar electo), y se desata la disputa entre Crexell, como 2° titular, y Balbi (suplente de Quiroga), para determinar a quien de ambos le correspondía ocupar el lugar del fallecido.

En una primera instancia, la Jueza Federal (con competencia electoral) de Neuquén, hace lugar al reclamo de Balbi y Crexell apela a la CNE. En sintonía con el dictamen del Fiscal Electoral, la Cámara revoca la decisión de 1° instancia y falla a favor de Crexell para ocupar el cargo como primera candidata titular a Senadora nacional de la Alianza Frente por el Cambio del distrito Neuquén. Mientras el Fiscal Di Lello sostuvo que el fallo de la Jueza federal había burlado "aviesamente" la normativa vigente, la Cámara Electoral sostuvo que  la aplicación directa de la pauta de sustitución por personas del mismo género, que es la que tomó la Jueza para beneficiar a Cervi, "conduce a una solución contradictoria con la finalidad esencial de la ley que reglamenta (27.412 de paridad de género), pues implica que un candidato suplente sea ubicado con prelación a una candidata titular.

Y aquí es donde se recurre a los postulados paritarios equivocadamente. Las normas en juego, es decir, las normas cuya aplicación pedían las partes y/o eran aplicables al caso  (según la CNE) eran dos:

1.      El Código Electoral, artículo 157 que establece: “En caso de muerte […] de un/a senador/a nacional que hubiera obtenido la mayoría de los votos emitidos lo/la sustituirá el/la senador/a suplente de igual sexo…”. Este articulo había sido modificado recientemente por la Ley de Paridad (n° 27412)

2.      El Decreto Regl. de la Ley 27412 N° 171/19, que en su art. 7 establece: “Cuando un pre candidato/a o candidato/a oficializado/a falleciera…antes de las P.A.S.O. o de las elecciones generales, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista, debiendo realizar…los corrimientos necesarios…”.

Nótese que el CEN  habla de Senador/a electo/a, mientras que el Decreto Reglamentario habla de pre candidato/a y candidato/a. Es decir, refieren a dos etapas diferentes: el primero se ubica post elección general, y el segundo en el periodo que va desde la oficialización de listas previa a las P.A.S.O. hasta la elección general.

Así las cosas, el caso llegó a conocimiento de la CSJN, quien, en una resolución muy rápida (cosa que yo hubiera deseado para Joanna Picetti, que espera que la Corte defina su situación desde 2017), confirmó lo decidido por la CNE, pero con otros argumentos. Y estos argumentos son los que debieron ser considerados desde el inicio de la controversia.

La Corte, sin disidencias, estableció que el primer lugar (Senadora Titular 1°) le correspondía a Lucila Crexell, y no por una cuestión de aplicación de las medidas positivas, igualdad de oportunidades para el acceso o reglas paritarias, sino por una cuestión normativa tan simple como contundente.

El Tribunal Superior analiza  el caso y la normativa vigente, concluyendo, correctamente, que ni la norma del art. 157 CEN, ni la del art. 7 reglamentario de la ley 27412 son aplicables al caso. La primera de ellas, por no referirse al caso concreto (precandidato/a) y la segunda, por contradecir la normativa de fondo que rige la cuestión.

En síntesis: la Corte no habla de sustitución paritaria (género por género) en los términos de la 27412, sino de corrimientos ascendentes. Ese mecanismo existe y es aplicable a los casos de “vacancias” por cualquier causa, previos a la conformación definitiva de la lista “electa”. Se respeta aquí el orden de prelación de la lista oficializada, y se cubre entonces el primer lugar (vacante) con quien seguía en ese orden, lo cual, al tratarse de una lista “paritaria” conduce a que quien ocupe ese lugar sea, en este caso, una mujer, Crexell, que era la segunda titular. Y a partir de allí, si, lo que se produce es un reacomodamiento de la lista, quedando entonces Crexell  (F) en el primer lugar titular, Cervi (M) pasa de primer suplente a segundo titular,  Fernandez (F) pasa de segunda a primer suplente, y la Alianza debe cubrir el lugar de segundo suplente con un masculino. De esa manera, la lista respeta tanto el mecanismo de sustitución de vacantes previa a la elección general, como la integración paritaria de la misma.

Si bien no contempla expresamente los casos en que un candidato/a o pre candidato/a deja vacante el lugar que ocupa “por muerte, renuncia”, etc. es aplicable al caso el art. 60 del Código Electoral, el cual, ante el caso de vacancia “por sentencia firme” de algún candidato que “no reúne las calidades necesarias” establece que “se correrá el orden de la lista de titulares y se completará con el primer suplente, trasladándose también el orden de esta, y el partido político…podrá registrar otro suplente en el último lugar…”.(Aun a riesgo de ser “demasiado gráfico”, podemos decir que un candidato fallecido “no reúne las calidades necesarias”)

Por último, y habiendo decidido la “inaplicabilidad” de la norma del art. 7 del Decreto 171/19 al caso concreto, concluyó que, en las especiales circunstancias referidas esta era inconstitucional por contrariar el claro mandato de alternancia consecutiva contenido en una norma de rango superior —el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional— y, en consecuencia deviene inaplicable al caso concreto. Yo agregaría que también contraría, y aún incluso más claramente, lo dispuesto por el art. 60 del Código Electoral.

Un fallo correcto y muy “veloz” de la Corte Suprema. Ojalá se repita.

                                   SAN GENARO, SOBRE GÉNERO

Lo que genera en San Genaro la cuestión de género. Se produce otra disputa relacionada con las medidas positivas y la igualdad de oportunidades para el acceso a cargos públicos entre varones y mujeres.

Lo que sigue es mi opinión técnica jurídica sobre un tema que se aborda solo desde lo político, sin conmensurar que la política, y especialmente las cuestiones electorales, necesariamente, deben reposar sobre reglas claras, sobre normas de Derecho Electoral que, más allá de las consideraciones personales y/o sociales que se hagan de ellas, son las que otorgan previsibilidad a la "competencia electoral".

Como ya lo dije en otra oportunidad (aquí), creo que los Municipios tienen facultades suficientes para "reglamentar" por Ordenanza el Cupo Femenino establecido por ley 10802, en tanto ella solo establece "como mínimo" el 1/3 de mujeres en las listas legislativas de pre candidatos o candidatos. Elevar el cupo de 1/3 a 1/2 no implica legislar, sino solamente cumplir la norma estableciendo un piso por encima del mínimo. No me caben dudas, a pesar de que el TEP sostiene lo contrario.

En San Genaro se dictó una Ordenanza de Paridad y ahora, a días de la oficializacion de los Concejales electos por el TEP, con entrega de los títulos acreditantes, se produce un hecho político preocupante. Ante lo que se denuncia como una "candidatura testimonial" (no prohibida, pero reprochable éticamente) renuncia la candidata mujer electa por el FPCyS, y también, sugestivamente, la candidata electa suplente 2°. Ello, según diversos medios de comunicación y otros actores políticos, en una clara maniobra urdida para "esquivar" la paridad y posibilitar el ingreso de un suplente electo varón. Si realmente hubo "aprietes" para que esas mujeres renuncien, debería haber, además del lógico repudio social, algún tipo de sanción ejemplificadora para los responsables.

Pero la cuestión no termina aquí. También renuncio una tercera candidata mujer que, posteriormente, retiró la renuncia y se apresta (o eso pretende), aparentemente, a ser quien asuma en lugar de la titular electa. Y aquí si, entran en conflicto las normas electorales con las cuestiones políticas.

La tercera renunciante, Sra.  G. Altamira, NUNCA FUE ELECTA, por lo que no puede renunciar a un cargo electivo para el que no fue elegida, y menos aún considerarse en aptitud de acceder al cargo dejado vacante por la renuncia de la titular electa.

Según los datos oficializados por el Tribunal Electoral  de conformidad con los resultados de la elección que reflejan la "voluntad popular" de la ciudadanía sangenarina, se verifica que los suplentes electos por el Frente son 2 hombres y 1 mujer (Vivas), que presentó su renuncia, evidentemente, de manera para nada clara. Renuncia que se suma a la de Mergen (titular electa) para, según las denuncias, posibilitar la asunción del electo suplente Morello.

Como lo que es, una irresponsabilidad social, política y éticamente repudiable, y una burla a las legítimas expectativas del electorado municipal, esta maquinación urdida por los referentes del FPCyS de San Genaro es, como dije, merecedora de reproche "político" y sanción. 

Pero, y es otra discusión, esta tramoya político-electoral no puede resolverse desconociendo el marco legal vigente que regula los procesos electorales santafesinos, y que es consentido por los partidos y por quienes son candidatos/as a ocupar cargos electivos.

Esto tiene que ver con cuestiones del Derecho en general, y del Derecho Electoral en particular, que no pueden soslayarse, a riesgo de que, en el intento de subsanar o contrarrestar esta "jugarreta" anti democrática, se vulneren normas y principios del Derecho en general. 

Para ponerlo en contexto, voy a reproducir algunos conceptos ya vertidos aquí, más algunos otros que se me ocurren útiles y aplicables:

  a. La Ordenanza de Paridad es una facultad del Concejo Deliberante y las medidas "positivas" deben estar previamente legisladas en las normas electorales y de partidos (art. 37, CN)

  b. Esa norma puede establecer la paridad en listas, pero no en la integración del Cuerpo. pues en Santa Fe no existe el Cupo Femenino (ni se puede establecer la paridad), mas allá de las elecciones Generales,. No hay Cupo ni Paridad  en los órganos legislativos.

 c. Esto no es una ocurrencia personal. El sistema electoral santafesino, en relación a la presentación  y elección de listas legislativas es un sistema conocido como "de lista cerrada y bloqueada"  "... por el cual las candidaturas, designadas por las direcciones centrales de los partidos, se votan en conjunto, sin poder combinar nombres de varias de ellas o cambiar el orden en que figuran los candidatos." (Sistemas Electorales y Gobernabilidad, Dieter Nohlen [i], http://www.corteidh.or.cr/tablas/a19113.pdf). La alternativa es la "lista cerrada y desbloqueada" que adopta formas como las tachas y/o sustituciones o preferencas. 

Dice al respecto Ma. Lourdes Lodi [ii] : "Otra reforma posible en lo que a la elección de Diputados respecta es la eliminación de la lista sábana vertical  -cerrada y bloqueada- por la que hoy elegimos….sin posibilidad de alterar el orden ni marcar preferencias o realizar tachas…”, pues como bien afirma antes “…modificar “el sistema electoral propiamente dicho” supone reformar la Constitución”.
También J. M. Perez Corti : "...es factible hablar de lista cerrada bloqueada y no bloqueada. La primera de ellas, cuando no existe la posibilidad de introducir modificación alguna en el orden asignado a las candidaturas por el propio partido (i.e. el orden de los candidatos es fijo e inalterable) en http://www.joseperezcorti.com.ar/Archivos/DPPyM/Unidades/U_06_2_Ds_Politicos_y_Sistemas_Electorales.pdf

Traducido: luego de las elecciones generales no se puede modificar el orden de las listas electas, pues ello implica incumplir o vulnerar el sistema electoral santafesino y, lo que es más grave, violar el principio electoral fundamental de “respeto por la genuina expresión de la voluntad popular” . Por esa sencilla pero fundamental razón, no puede hacerse, a menos que se establezca una reforma al sistema electoral santafesino, ningún tipo de modificación en el orden de sustitutos de las listas para cubrir vacancias en los cuerpos legislativos (sean concejales o diputados).

  d. La última cuestión tiene una relevancia trascendente, de la que aparentemente nadie se percató: la Sra. Altamira, ya lo dijimos, nunca fue electa, por lo que su renuncia al cargo, así como su posterior  “renuncia a la renuncia” y su intención de asumir como Concejala electa, no tienen ningún valor ni efecto jurídico.

   En mi opinión, asentada sobre la información de los medios periodísticos, si la Concejala electa Mergen se presentó solo como candidata “testimonial”, a sabiendas de que no asumiría, y además “convenció” a la suplente Vivas (aparentemente coaccionada) de que también renuncie para habilitar al candidato varón (Morello) lo que corresponde, además de alguna sanción  política/electoral a Mergen (si no se configura otro tipo de delito), es que Concejo de San Genaro no acepte la renuncia de Vivas, la que podría asumir si el mismo Morello renuncia al cargo o el Cuerpo considera a Morello participe de la maniobra y lo inhabilita, por “inidoneidad sobreviniente", para hacerlo.

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[i]  Dieter Nohlen. Politólogo alemán. Experto en Sistemas Electorales

[ii] Lourdes Lodi en “Aportes al debate sobre la reforma constitucional en Santa Fe”, pags 27 y 30. Lourdes Lodi es politóloga, Especialista en asuntos electorales/institucionales. Observatorio Político Electoral (OPE-UNR)