VICEINTENDENTE A LA CARTA: ¿MENÚ EJECUTIVO O PASTA AL DENTE?

 

Con la sanción de la nueva Constitución santafesina y la definitiva consagración y aseguramiento de la autonomía municipal, ha cobrado relevancia la figura del Viceintendente (en adelante Vice) municipal como una nueva “figura” dentro de la estructura institucional y orgánica del municipio.

Esta figura, el Vice, aparentemente, no tuvo consenso, o ni siquiera despertó algún interés en los Convencionales, o en las Comisiones pertinentes. O sí. No lo se. La realidad es que en la Constitución no esta prevista como parte de la institucionalidad municipal.

La relevancia, por lo tanto, no deriva – ni surge- de una expresa previsión constitucional, sino de su inclusión, a instancias de los actuales Intendentes de Rosario y Santa Fe, ciudades que ya han iniciado los prolegómenos para la declaración de su plena autonomía, en el proyecto de Ley de Municipios que el Poder Ejecutivo ha elevado a la Legislatura.

El análisis de esta figura novedosa en Santa Fe puede hacerse desde varios ángulos, todos necesarios y hasta complementarios para poder determinar su grado de “aceptación” y su forma de institucionalización en otras provincias y municipios argentinos, su ámbito competencial, su necesidad en la gestión de los intereses locales y, finalmente, su viabilidad constitucional/legal en nuestra provincia.

LEGISLACIÓN COMPARADA

La figura del Vice es reconocida en pocas (4/24) provincias argentinas: Córdoba, Corrientes, La Rioja, Entre Ríos, en distintos grados normativos pero con similares alcances funcionales.

En Córdoba la figura no está prevista en la Constitución, pero tiene dos previsiones que habilitan su reglamentación: el art. 183.2 sobre Cartas Orgánicas y el art. 184 sobre LOM. De hecho, la LOM n.º 8102 no incorpora la figura. Por su parte, los municipios con autonomía plena, en base a la “habilitación” del artículo 183.2: “...órgano ejecutivo si lo hubiera…” han previsto en sus CO esa figura, entre otras, la ciudad de Córdoba (art. 80), Alta Gracia (art. 95) y Arroyito (art. 82). Otras CO, como las de Marcos Juárez, Rio Tercero, Rio Cuarto, Carlos Paz, Villa Maria, no contemplan la figura del Vice. Pueden incorporarlo todos los municipios con CO sin depender del número de habitantes.

El Vice es elegido junto con el Intendente y su función se limita a presidir el Concejo y a reemplazar al Intendente en los casos necesarios.

En Corrientes el Vice es creado por la Constitución (art. 220). La LOM lo establece en su art. 73

La CO de la ciudad de Corrientes lo establece en el art. 42 y en los arts 47 y ss establece sus atribuciones, entre las que no existe la de presidir el Concejo Deliberante.

En la LOM tampoco se establece como competencia exclusiva del Vice la de presidir el Concejo.

En La Rioja, la figura esta prevista en su Constitución (art. 200) como presidente del Concejo Deliberante, lo que se reproduce en la Ley de Municipios en su art. 70.

En Entre Rios el Vice es establecido por la Constitución provincial (art. 234), con el nombre de Vicepresidente municipal, como presidente del Concejo municipal y para los municipios habilitados para dictar CO con las mismas características y funciones

Como vemos en esta pequeña reseña, no son muchas las Constituciones que prevén esta figura y son menos aun las Leyes Orgánicas de Municipios que la incorporan. Dentro de las Constituciones que la incorporan  que habilitan su incorporación en la LOM o las CO, son muy pocos los municipios que adoptan la figura del Vice

En casos como el de Corrientes y Entre Rios, la figura se establece expresamente para todos los municipios, tengan o no CO. De hecho, no existen en Entre Rios municipios con CO. Aun así, por ejemplo, Paraná cuenta hoy con un Viceintendente.

Tampoco en La Rioja hay municipios con plena autonomía.

En relación al primer aspecto analizado, la recepción normativa de la figura del Vice, es mínima en relación a la cantidad de provincias y municipios argentinos. Y en aquellas que la contemplan podemos encontrar similitudes: las Constituciones la preven expresamente, o permiten su reglamentación, sea por LOM o por CO. Lo mismo sucede con su forma de elección y sus competencias (presidir el Concejo, votar para desempatar, reemplazar al Intendente)

NECESIDAD O UTILIDAD DE SU INSTITUCIONALIZACIÓN

Entre quienes propician la creación de la figura del Vice, encontramos idénticos o muy similares argumentos:

1. la necesidad de desconcentrar la actividad de los PE locales, otorgando al Vice facultades o tareas de coordinación con el Concejo Deliberante (Corrientes) y hasta como presidente del Concejo Deliberante (Córdoba, Entre Rios, La Rioja) que pueda resolver ademas los casos de empate en las votaciones.

2. tener una figura elegida junto con el Intendente que además sea su reemplazo natural en las casos de ausencia, renuncia, fallecimiento, etc. sin tener que recurrir al reemplazo por un Concejal (presidente del Concejo) que puede no ser oficialista.

La verdad, son dos “problemas” sin ninguna relevancia real mas allá de lo político y cuyas soluciones son bastantes simples. Las tareas de coordinación política y de relaciones institucionales pueden ser llevadas adelante, y de hecho así lo hacen, por los Secretarios de las distintas áreas del gobierno municipal. Esa es su función.

¿Empate en la votación? Prever números impares de miembros y apelar al diálogo y al consenso. Eso es la política.

En relación a la problemática de su reemplazo, sería suficiente una regulación simple: le corresponde al presidente del Concejo, si es del mismo signo político del Intendente, o en un defecto, a un Concejal oficialista. Punto.

Cualquier otro argumento o excusa que se pueda o se pretenda dar en favor de la “creación” de una Viceintendencia es absolutamente irrelevante. Más aun, en contextos donde la sobredimensión burocrática de las estructuras de gobierno y de cargos políticos, sumado a la opacidad y la falta de información pública respecto de lo que se gasta, en que se gasta y como se gasta, recibe críticas profundas y crecientes. Rosario no escapa a esas críticas (Política de Santa Fe y El Libertador)

 “hoy la figura del Viceintendente es prácticamente la de un ñoqui de lujo”. No lo digo yo, lo dijo el ex Viceintendente correntino Agustín Payes[1]

En el mismo sentido -aunque más diplomáticamente- se expreso el Intendente de Santa Fe, Dr. Poletti “Crear un cargo para que haya una figura, no. En eso no estoy de acuerdo”[2]

La magia de la política hizo que ahora cambie de opinión radicalmente [3]

Otro argumento es el de que se replica (en escala) la organización de los ejecutivos nacional y provincial. Y si existe a esos niveles puede existir a nivel local. Error. Los Vice nacional y provincial tienen otro fundamento esencial que se relaciona con la representación: los senadores nacionales representan a las provincias y los votos de todos son necesarios para no dejar en inferioridad o desventaja a una provincia sobre otra (teoría, claro). A nivel provincial sucede lo mismo con los senadores que representan las divisiones territoriales (departamentos). Los Concejales representan, todos, a la misma población y no a territorios o gobiernos.

¿LOS MUNICIPIOS SANTAFESINOS NECESITAN Y, EN SU CASO, PODRÍA REGULARSE LA FIGURA?

En mi opinión, la respuesta es clara: no lo necesitan. Más claro: no solo no lo necesitan, sino que es absolutamente innecesario, prescindible.

Miremos la normativa de las otras provincias: solo en cuatro existe la figura del Vice. En tres de ellas de manera expresa y obligatoria para todos los municipios por mandato constitucional. En una sola como “habilitación” en la Constitución para su reglamentación infraconstitucional (Córdoba). Aun así, la LOM cordobesa no estableció la viceintendencia y los municipios con CO solo en muy pocos casos, como vimos.

En nuestra provincia de Santa Fe, la nueva Constitución reformada incorpora dentro del Regimen Municipal el aseguramiento de las autonomías municipales y la posibilidad de dictado de Cartas Orgánicas para municipios de más de 10000 habitantes. En mi opinión, una regulación absolutamente irrazonable y excesivamente limitada de las autonomías en general (regulada por LOM) y de la autonomía plena en particular (CO)

Veamos: con, a mi parecer, mala técnica legislativa, el art 155 regula (y mezcla) en varios incisos ambos niveles de autonomía. En lo que nos interesa, establece:

ARTÍCULO 155. ... 2) los municipios que tengan más de diez mil habitantes pueden dictar sus propias cartas orgánicas que deben contemplar: a) estructura institucional local conformada por un intendente, un Concejo Municipal y un órgano de control externo; 3) los municipios que no tienen carta orgánica son organizados por la ley sobre la base de un gobierno local elegido directamente por el pueblo, cuya organización garantiza el cumplimiento de la función ejecutiva 

Es muy clara la diferente regulación. Para municipios con CO: UN INTENDENTE, y para municipios sin CO, como base, garantizar el cumplimiento de la función ejecutiva. O sea, para los primeros expresa y taxativamente, un Intendente. Para los segundos, de mínima (base), el cumplimiento de la función ejecutiva, lo que habilita la posibilidad, por ley, de reglamentarla.

Es decir, la Ley de Municipios podría incorporar, como de hecho lo hace (aunque de manera errada) el proyecto, la figura del Vice. Y lo hace con carácter obligatorio, además: “En las ciudades de más de 200.000 habitantes el Departamento Ejecutivo es ejercido por un intendente y, en su defecto, por un viceintendente,…”.

Lo que no es cierto es lo que dice la nota de Pagina 12 [4]: “Se trata de una herramienta que la Constitución provincial reformada el año pasado dejó expresamente habilitada…”. No, no está expresamente habilitada, sino que es una razonable reglamentación en el caso de municipios sin CO. No es lo mismo. Aunque no se reglamentó.

Las diferencias con las provincias comparadas son evidentes. Corrientes, Entre Ríos y la Rioja regulan el Vice en la propia Constitución, expresa y obligatoriamente para todos los municipios, sin excepción. Santa Fe no lo regula expresamente en la Constitución.

Lo más parecido es la provincia de Córdoba, que no regula expresamente la figura en la Constitución. Pero, y esto es fundamental, la Constitución cordobesa utiliza una “fórmula abierta” susceptible de ser reglamentada por la LOM e incluso por las CO, técnica legislativa que no usa Santa Fe en la regulación de las CO. Y es una decisión voluntaria del pueblo del municipio. En S Fe la impone obligatoriamente.

Artículo 183: Requisitos. Las Cartas Orgánicas deben asegurar:...-2. La elección a simple pluralidad de sufragios para el órgano ejecutivo si lo hubiera,…

Artículo 184: Ley orgánica municipal. La Legislatura sanciona la Ley Orgánica Municipal para los Municipios que no tengan Carta Orgánica. Estos pueden establecer diferentes tipos de gobierno, siempre que aseguren lo prescripto en los incisos 1, 2, 4 y 6 del artículo anterior...

Como se aprecia, Córdoba no menciona al Intendente, o a un Intendente. Solo refiere a un “órgano ejecutivo” el cual puede ser completado, reglamentado, tanto por las CO (algunas de las cuales incorporan al Vice) como por la LOM (que no lo incorpora).

En Santa Fe, irrazonablemente, la técnica y redacción constitucional posibilitarían que los municipios sin CO puedan incorporar el Vice, pero los municipios con CO se ven limitados a “UN INTENDENTE”. Para graficar, cuando la ley dice "Un Concejo integrado por seis concejales", ¿cuantos concejales son?. Cuando la Constitución dice "un  Intendente"...

El proyecto de LOM establece la posibilidad de incorporar la figura del Vice solamente para los municipios de +200000 habitantes que no dicten su CO. Sabemos que los únicos que cumplen esa condición son Rosario y Santa Fe. Es decir que, en teoría, para la próxima elección 2027 estas dos ciudades podrían optar por incorporar al "segundo" Intendente. No antes. Eso es imposible.

Pero...también sabemos, porque ya están avanzados los preparativos, que Rosario y Santa Fe van a dictar su CO. Y también lo sabemos porque el propio proyecto LOM así lo dice. Expresamente: “Las ciudades de Rosario y Santa Fe mantendrán la cantidad de concejales que tienen en la actualidad, hasta que dicten sus respectivas cartas orgánicas.”(art. 6⁷)

Y aunque la Ordenanza de Necesidad de Rosario habla de “a) Estructura institucional local (“mínimo Intendente…”) en su art. 87, sabemos que no es así. No es mínimo, ni una base. Es expresa, específica y taxativamente UN INTENDENTE. Ni más ni menos.

Es absolutamente evidente que la figura del Vice no puede ser creada en Rosario o Santa Fe. O sí podría. Siempre que no dictaran su CO, por supuesto. Porque en el momento en que las dicten desaparece la previsión de la LOM que las habilita.

Estimo que estos argumentos prueban mi postura con suficiencia, pero si no lo hicieran, al mejor estilo Marx, tengo otros: uno normativo y otro fáctico (la única verdad es la realidad).

El primero es que toda la normativa sobre elecciones de autoridades municipales es competencia provincia (art155.7, Const. S Fe). Pero el Vice no es una autoridad electiva constitucional. ¿Cómo podría una ley provincial regular la elección de una autoridad creada por una CO? Claro, si los municipios con CO pudieran hacerlo. Y los que sí podrían están inhabilitados por esa propia ley.

No hay, en ninguna provincia, una autoridad electiva municipal creada por Ley. Agrego: el proyecto del PE ni siquiera establece los requisitos e inhabilidades para ser Vice.

Eso sucede porque a la hora del cherry picking normativo, o institucional, en Santa Fe siempre innovamos, copiamos o escogemos mal o sesgadamente y entonces descartamos lo que no nos conviene (¿?), aunque sea lo usualmente aceptado, y copiamos lo que nos conviene (¿?) aunque no sea, como en este caso, lo que es aceptado mayoritariamente y probado.

En el caso, nos encandilamos con una figura, el Vice, muy poco difundida y casi no utilizada en municipios, sin atribuciones relevantes, pero nos olvidamos que las provincias que la prevén en su Constitución o la implementan en CO municipales, tienen municipios realmente autónomos electoralmente que deciden (o no) la conformación de sus órganos de gobierno, convocan a elecciones, tienen un órgano electoral y normativa electoral locales. Santa Fe no tiene nada de eso.

La autonomía santafesina padece una absoluta e indebida, y como tal, inconstitucional, injerencia de la provincia en materia político-electoral, “...leyes que... no operan como garantías de funcionamiento y auto determinación sino como un valladar de la autonomía" (CSJN, APM c. Festram).

El segundo tiene que ver con un hecho reciente: desde el 10 de diciembre pasado, la provincia de Santa Fe no tiene Vicegobernador ni tiene, en consecuencia, un reemplazo constitucional para las ausencias o acefalía del PE.  A nadie, absolutamente a nadie, se le ocurrió que tal cosa pudiera ocasionar trastornos institucionales o problemas de gobernanza o una posible lentificación en la gestión.

Si una provincia como Santa Fe no se ve alterada institucionalmente ante esta situación, no hay problemas de coordinación y la relación entre poderes es normal, como podría una situación similar y ni siquiera tan extrema, ser un problema tan acuciante en un municipio, por mas grande que sea, que amerite sumar un cargo casi sin atribuciones institucionales?

Por fin, de todo lo dicho, me quedan algunas pocas certezas inconmovibles:

1.    La figura del Vice es absolutamente anodina e innecesaria en cualquier nivel municipal

2.    No hay manera de colar la figura en la Ley de Municipios para hacer posible su incorporación a las CO de Rosario y Santa Fe.

3.    No hay manera de incorporar la figura de Vice a las CO porque el texto constitucional es claro. Ni siquiera apelando al famoso “espíritu del legislador”

4.    La regulación del régimen municipal en la Constitución no es para nada eficiente. Ni autónomo.

5.    Van a legislar priorizando los compromisos políticos por sobre el texto constitucional aprobado por ellos mismos 

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[1]     https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2009-8-25-21-0-0--el-viceintendente-es-un-noqui-de-lujo-dijo-payes

[2]     https://www.ellitoral.com/area-metropolitana/santafe-viceintendente-gestion-juanpablopoletti-cargos-funciones-nombre_0_aqh5wjFhU9.html

[3] https://www.lt10.com.ar/noticia/488744--poletti-considera-necesario-crear-la-figura-del-viceintendente

[4]  https://www.pagina12.com.ar/2026/01/08/un-nuevo-jugador-para-la-arena-politica-local/

AUTONOMÍAS A LA CARTA Y LA "SECESIÓN" DE ROSARIO Y SANTA FE

“El Municipio es a la libertad lo que 

la escuela primaria es a la ciencia"

Tocqueville

La sanción de la nueva Constitución de la Provincia Invencible de Santa Fe determinó, entre otras cosas, la definitiva consagración del largamente demorado “aseguramiento” de las autonomías municipales ordenado por la Constitución Nacional en 1994.

Así, en Santa Fe, y por decisión de la Convención elegida para la tarea de darle forma, alcances y contenidos a los distintos órdenes impuestos por el 123 CN, dejaron de existir las Comunas como entes territoriales, poblacionales e institucionales y todo “núcleo de población organizado como comunidad con vida propia” será, a partir de 2027, un municipio con autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera (art. 154)

Mas allá de las intenciones, o del #espíritu del legislador, que muchas veces se revive para “interpretar en su mejor luz” (entiéndase convenientemente) un texto legal, lo cierto es que, según nuestros tribunales, la imprevisión de ese legislador no se supone, o no se presume.

Ambos postulados, bien entendidos, son siempre excluyentes y nunca complementarios. Es decir, si el legislador tuvo la intención de postular, o proponer, o mandar algo en una norma, si en su espíritu (el de la norma y el del legislador) se propuso establecer A, pero escribió B, logicamente, como se supone que es previsor, debemos concluir que escribió B consciente de que eso hacía.

La Constitución santafesina de 2025, más allá de las intenciones del legislador convencional, tiene un texto aprobado y sancionado con las mayorías necesarias e insospechadas de imprevisión. Y en mi opinión, ese texto presenta muchas cuestiones, como mínimo, problemáticas: errores de redacción, conceptuales, sistemáticos y de técnica legislativa constitucional.

No es este el objeto preciso del presente artículo. No pretendo enumerar o explicar todos aquellos que, en mi opinión, son algunos de los “errores” que se pueden observar en la nueva Constitución. Salvo, claro está, en aquellas cuestiones que atañen puntualmente al tema que sí me interesa tratar: la autonomía de las “grandes ligas”, la autonomía plena, reservada solo a algunos municipios y casi que “escrita”, exclusivamente, para Santa Fe y Rosario.

Todos los municipios, todos, hoy, y por el solo hecho de serlo, tienen una autonomía primaria, semiplena, reconocida y asegurada por la Constitución.

La autonomía plena, aquella que se logra a partir del dictado de una Carta Orgánica municipal, una especie de Constitución local, de 3° grado, dictada por un poder constituyente “originario-derivado”, quedó reservada por nuestra Constitución a aquellos municipios de mas de 10000 habitantes, que, hasta tanto, serán autónomos semiplenos.

Esos municipios podrán disfrutar, a partir del dictado de su Carta, de una autonomía plena para el propio gobierno de sus intereses en los ordenes previstos, y especialmente, en el institucional: la organización de sus “poderes” ,el diseño y elección de sus instituciones y sus competencias en materias locales. Pero... (siempre hay uno), esa autonomía tiene límites, y esos límites están dados por lo que “está previsto en esta Constitución”.

Vamos a centrarnos específicamente, en algunas de las condiciones que les impone la Constitución a los municipios que vayan a dictar su Carta Orgánica, en como están previstas y como se diferencian, si lo hacen, de aquellas condiciones que se les impone a los otros municipios.

Porque, y ahí radica uno de los errores “sistemáticos” de nuestra Constitución, la regulación de esas restricciones se “mezclan” en un solo artículo con varios incisos, algunos válidos para todos y otros aplicables solo a uno de los niveles de autonomía – plena o semi-.

1. Un gobierno democrático, representativo y republicano. Para todos.

2. La posibilidad de dictar Carta Orgánica para municipios de +10000 habitantes.

3. Una Ley Orgánica para aquellos municipios que no puedan o no quieran dictar su CO.

4. La determinación de la cantidad de habitantes por un sistema que será determinado por la ley, o, en su defecto, por el Censo nacional. Para todos

5. La duración de los mandatos por cuatro años y una sola reelección inmediata. Para todos.

6. Las elecciones de autoridades municipales y el regimen electoral son competencias reservadas a leyes provinciales. La simultaneidad de elecciones es indisponible, y a cargo de la provincia. A este fin se promueve un procedimiento para unificar los periodos de mandatos. Para todos

7. La "prohibición" de renovar bienalmente los Concejos Deliberantes para los municipios de -20000 habitantes, aun para aquellos que pueden dictar su CO. La "obligación" de renovar Concejos para municipios de +20000 habitantes, aunque no dicten su CO.

8. Las CO "deben" contener previsiones sobre "integración de regiones, areas metropolitanas, asociación municipal...". Los municipios sin CO "pueden".

A partir de estas bases constitucionales se pueden inferir varias conclusiones respecto del modelo de autonomía diseñado para los municipios santafesinos, y no todas ellas muy felices.

A modo de ejemplo, solamente, dejamos algunas de las que, como dijimos, pueden resultar problemáticas:

a. Los institutos de democracia directa están previstos expresamente para los niveles provincial (arts 59 a 62) y municipal con Carta Orgánica (art 155, inc. 2d) pero no para municipios sin CO. Cuando la Constitución da una pauta que alcanza a todos los municipios, lo hace expresamente (154; 155, incs. 1, 4, 5, 6, 7, 9,10). Sin embargo, en el caso de estos institutos, los habilitó solo para los municipios con CO (155, inc. 2)

b. Los municipios sin CO deben tener un gobierno que cumpla la función ejecutiva y la función legislativa, sin determinar su conformación orgánica, cuestión deferida a la Ley. Pero los municipios con CO deben tener, específica y puntualmente, un Intendente y un Concejo.

La figura del Viceintendente que intentan colar en el proyecto de Ley Orgánica de Municipios (solo para Rosario y Santa Fe) demuestra el apuro, los falsos consensos y la improvisación de la Convención. Y no solo eso, demuestra la casi obsesiva necesidad de legislar de forma privilegiada para Rosario y Santa Fe.

Como se ve, solo se elegiría en dos ciudades, las únicas con +200000 habitantes. Pero esas dos ciudades, segun el propio proyecto de LOM, dictarán su CO. Como la LOM regira a partir de 2027, y para esa fecha Rosario y Santa Fe tendrán su CO, la figura del Viceintendente muere antes de nacer.

De hecho, en los propios fundamentos del proyecto se sostiene "Cartas Orgánicas que deben contemplar: a) su estructuración institucional local conformada por un Intendente, un Concejo Municipal y un órgano de control externo;..."

c. La determinación del número de habitantes, requisito único y esencial para establecer el tipo o nivel de municipio de que se trate, que debe ser objetivo, cierto, univoco, pasa a depender de una “decisión del PE” a partir de un sistema que intentará “reflejar de la forma más próxima posible la realidad poblacional” de cada localidad. O sea que 10000 pueden ser 9987 o pueden ser 6000 o 7000 habitantes, por ejemplo. Esto no es un invento, es lo que dice textualmente el proyecto de Ley de Municipios que presentó el gobierno

d. Las elecciones de autoridades municipales se hacen en simultaneo con las provinciales. Incluso las de Convencionales municipales para dictar CO. Con un regimen de elecciones sancionado por ley provincial, convocadas por el Ejecutivo provincial y controladas por un Tribunal Electoral provincial. Esa injerencia y paternalismo provincial son indisimulables.

Como bien sostiene el Dr. Mauro Bonato "...los gérmenes de la discordia suelen presentarse justamente en los órdenes que el constituyente pretendió asegurar. Ello así pues... los habitantes de los municipios eligen sus propias autoridades y se rigen por ellas, aunque en el marco de una legislación provincial que regula la materia -orden político- " Bonato, Mauro R. (2023, mayo). Breves notas sobre autonomía provincial. Ius in fieri DDA. www.iusinfieri.com.ar

5. Los Concejos de municipios de menos de 20000 habitantes no pueden renovarse bienalmente, cosa que sí deben hacer los de municipios de mas de 20000 habitantes. Me parece de las peores clausulas constitucionales -sino la peor- en materia de autonomía municipal. Lo mismo opinaron, entre otros, los Convencionales Monteverde y Peralta (Diario de Sesiones, pags 540 a 542). ¿Con que fundamentos se decidió cancelar la posibilidad de que los municipios puedan decidir renovar, o no, su Concejo, aun aquellos que tienen capacidad plena autonormativa para dictar su CO? ¿Cual es el “sustancial interés provincial” que justifique semejante discriminación para negar a unos lo que se concede a otros que están en iguales condiciones? En la Convención no hubo un solo discurso avalando o justificando esa decisión.

Quizás lo mas parecido a eso, y no precisamente por que sea buena, adecuada, convincente, razonable, o democrática – más bien todo lo contrario-, sea la explicación que dio el ex convencional diputado Joaquin Blanco en una nota de El Litoral¹: “Definimos este criterio que tiene que ver con que son Concejos más amplios, de mayor número; son localidades que tienen más participación, más politización, donde hay más cultura democrática en el sentido del funcionamiento de estos cuerpos deliberativos. Tienen una vida cívica más intensa”. 

Impunidad de argumentación. Un argumento falso, bochornoso, indigno, anti democrático, discriminador, elitista y que no solo no justifica en absoluto aquella regulación, sino que la descalifica por irrazonable e inconstitucional.

6. Los mecanismos participativos serán reglamentados por los municipios, pero la revocatoria de mandatos para los municipios sin CO es regulada por la Ley de Municipios (proyecto) con previsiones que rayan en lo absurdo. 

7. Los municipios, con o sin CO, no tienen ninguna competencia electoral, ni organismo electoral local. Las elecciones de Convencionales, en su caso, o los procesos de revocatoria, consulta popular o referéndum no podrán ser controladas por instituciones locales.

La autonomía santafesina consagrada en la Constitución y en el proyecto de LOM es como si nos dijeran: "Les regalamos una Ferrari, pero solo pueden dar vueltas a la manzana".

Nadie, ningún partido político, ningún dirigente municipal cuestiona nada de esto que implica una autonomía de bajísima intensidad. Eso si, en Rosario y Santa Fe están exultantes porque pueden hacer literalmente cualquier cosa (o eso parece).

En estas dos ciudades, sus dirigentes, recurriendo a una especie de estiramiento conceptual al mejor estilo Sartori, y si bien la autonomía diseñada por la Constitución santafesina no es para nada fiel a la construcción doctrinaria y jurisprudencial de nuestros tribunales, han descubierto, sin embargo, que les abre otras inéditas posibilidades:

1. Declaran su autonomía por Ordenanza de Necesidad (que por extensión y materias parece una seudo CO)

2. Sancionan una Ordenanza de Necesidad dos años antes de la Convención

3. Son plenamente autónomos antes de dictar su CO

4. Pueden desconocer leyes provinciales y actuaciones judiciales. Están desbordados porque "la autonomía" les permite cortar pasto. Si leen la LOM vigente desde hace 90 años - arts 17, 39 y 41-, se van a sorprender.

5. El Concejo Deliberante, por modificación de su Reglamento Interno, reforma la Ley de Municipios y la propia Constitución, reformada hace 3 meses: ampliaron el periodo de sesiones y “redujeron” la mayoría requerida para la convocatoria a Extraordinarias, cuestiones, ambas, reguladas por la LOM 2756, aun vigente, en su artículo 34.

6. El Concejo discute penas de "carcel efectiva" para "trapitos" y reformas al Codigo Procesal Penal

Próximamente veremos qué otras competencias les depara la autonomía a estos dirigentes 

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1 https://www.ellitoral.com/politica/provincia-santafe-mandato-seisanos-reforma-constitucional_0_xj81x1oXZb.html

EL CASO VILLA: PARADIGMA DEL REGIMEN ELECTORAL SANTAFESINO

 Refrescamos el caso. Fabio Villa (Unidos), candidato a Intendente de la localidad de Florencia, en tiempo de veda electoral, promueve o promociona la realización de un SORTEO de electrodomésticos, motos, celulares, etc. entre aquellas personas que se acerquen al “bunker” partidario (así lo describía expresamente una de las candidatas a Concejal por ese mismo espacio) se inscriban y retiren un número, con la promesa de realizar el sorteo si, y solo si (condición excluyente), resultaba electo el día 29/06.

Esa promoción, considerada como un acto de campaña proselitista, fue grabada en un video que se conoció la noche anterior a la elección y fue replicado por RRSS y posteriormente por medios digitales de toda la provincia e incluso nacionales.

El día 29 de junio se realizaron las elecciones. La oposición (PJ) ya había presentado (28/6) ante el Tribunal Electoral una denuncia contra Villa por “violación de la veda electoral” pidiendo la “nulidad de la elección”, además de denuncias en sede penal (Fiscalía regional).

Hasta aquí, y muy escuetamente, los hechos ocurridos y denunciados.

El Procurador Electoral, y además Procurador de la Corte Suprema, Dr. Barraguirre, en un primer dictamen (noche del sábado 28/6) aconsejó la INHABILITACIÓN POR INIDONEIDAD del candidato Villa para participar en la elección del día 29. Recordemos que igual criterio había sostenido en el caso “Caudana” (2021).

“En 2021 hubo otro caso que conmovió a la opinión pública cuando en Santa Clara de la Buena Vista, un candidato se presentaba ofreciendo directamente una subvención económica, en ese momento de 10 mil pesos. Es el mismo caso. Considero que se deben aplicar los artículos de las constituciones Nacional y Provincial en cuanto a la idoneidad que debe tener alguien para competir en una elección no de una república oligárquica sino de una república democrática”, subrayó Barraguirre".https://www.lacapital.com.ar/politica/escandalo-el-norte-santafesino-un-candidato-promovio-un-sorteo-si-ganaba-las-elecciones-n10204485.html

En paralelo, el Dr. Barraguirre pidió que se cautelen los bienes que serían (eventualmente) objeto del sorteo y además elevó un pedido al MPA para la investigación de probables delitos (art. 140 CEN) y de contravención electoral (art. 126, ley 2600).

El PJ a través de sus apoderados amplia la denuncia y acusa a Villa y a la candidata a Concejala Muchiut de delitos electorales y soborno electoral, presentando además otras pruebas documentales (bonos, videos, capturas de pantalla whatsapp)

Así las cosas, con el escrutinio definitivo culminado, Villa es Intendente electo de Florencia y asume (asumiría) el 10 de diciembre. A Villa nadie le quitó su silla, por ahora.

Mientras tanto, y a los efectos de verificar la autenticidad de la grabación en video aportada como prueba, el Tribunal Electoral lo sometió a diversas pericias técnicas a cargo de especialistas del MPF de CABA.

Hace aproximadamente 50 días, con los resultados de la pericia sobre el material (video) en su poder, el Procurador Barraguirre produce un nuevo dictamen, que es el “definitivo” y conforme el cual podrá resolver el Tribunal Electoral. Recordemos que ese dictamen no es vinculante para los jueces electorales, que se pueden apartar fundadamente de sus conclusiones al momento de fallar.

Hoy, 29/9/25, se cumplen exactamente 90 días (3 meses) desde los hechos denunciados y más de 50 días desde que el Tribunal está en condiciones de dictar su resolución sobre el caso. Todavía no lo hizo. Parece que los plazos solo se exigen a los particulares. A propósito:

Ley 4990, Art. 38º - Fuera de los plazos fijados con términos perentorios, la Junta Electoral deberá expedirse dentro de los 10 días de sometidos a su consideración los asuntos de su competencia.

 Y pensemos que una vez que lo haga (cuando lo haga) queda habilitada la vía del Recurso de Inconstitucionalidad (o Queja) ante la Corte santafesina, que, como digo siempre, no tiene competencias electorales. Puede pasar un mes más, o dos, o seis, o años, hasta la resolución “definitiva”, si tenemos suerte o hasta la declaración de “cuestión abstracta” electoral.

Por ahora, nos conformamos con lo que hay y analizamos el dictamen del Dr. Barraguirre, que es el único documento que poseemos.

Dictamen del Procurador Dr. Barraguirre (los números corresponden a los parágrafos del dictamen) 

Respuesta de UNIDOS (según dictamen)

35  No se dan los requisitos del delito penal del 258 CP. Y no.... Pero tampoco es necesario. El Derecho Electoral NO ES Derecho Penal. Son dos órdenes normativos diferentes (tipicidad, autoridad aplicación, sujetos activo-pasivo)

37  El 140 CEN no sanciona el ofrecimiento concreto ni requiere demostrar la entrega o promesa de un beneficio a una destinatario concreto,  sino “compeler”: obligar, violentar

 Igualmente no se puede aplicar uno de dos órdenes normativos según conveniencia: en S Fe rige en este tema la ley 2600 (lo dijo el TEP en “Caudana”), el CEN se aplica en subsidio cuando no está reglamentado algún tema.

42   Villa no es responsable ni del video, ni de su viralización, ni de promoción  de sorteos, ni de nada

47  Refieren al caso Caudana y sostienen que el TEP sentó precedente de que no hay delito, etc. Caudana RECONOCIÓ EXPRESAMENTE EL DELITO y SOSTUVO QUE LO VOLVERÍA A HACER. El Tribunal solo dijo que no era competente, según la 2600. Cosa que, claro, no es cierta.

Auto 2389 (12/11/21): "Con ello, queda dilucidado que excede a este cuerpo el posible juzgamiento de delitos de tipo electoral". Una burda guarangada

     Que dice el Dr. Barraguirre

52  Basado en la pericia, el video es REAL, NO FUE MANIPULADO CON  IA, etc

Eso implica que fue filmado directamente y por alguien cercano a Villa aunque no se puede determinar quién. Los protagonistas sabían que los estaban filmando, porque le hablan a la cámara (observación personal)

73 Barraguirre da por probada la existencia del hecho (art 126, ley 2600, delito electoral)

75  “Estando probado el hecho”- dice textualmente Barraguirre-, “la ley no le adjudica la consecuencia” de ANULAR LAS ELECCIONES. Y tiene razón. Las causales de nulidad están expresamente determinadas en el CEN

Lo que NO DICE el Dr. Barraguirre es que la ley SÍ le adjudica la consecuencia de INHABILITACIÓN al CANDIDATO. En mi opinión la inhabilitación debería alcanzar a la candidata a Concejal que participa del sorteo

No se entiende por qué, entonces, Barraguirre solo pide una sanción de MULTA y QUITA DE SUBSIDIOS, CUANDO EN PRIMERA INSTANCIA HABÍA REQUERIDO QUE LO INHABILITEN y esa es la sanción que, para el caso, prevé la ley 2600, art. 126: “Las penas enumeradas precedentemente llevarán consigo como accesoria la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y ejercer derechos políticos, hasta por cuatro años, si el culpable es funcionario público y hasta por dos si es particular”

Si cree que se probó el hecho sancionado, que cae bajo dos previsiones - Ley 12080, violación de veda y Ley 2600, delito electoral-, una suerte de “concurso ideal” en materia electoral, debería requerir la sanción prevista en la ley. De todos modos, el Tribunal debe (debería) aplicar la sanción legal expresa, pues eso es indisponible.

Acotaciones propias

1. No hay cuestión penal, no se cometió ningún ilícito penal. Aún si lo hubiera, la resolución del Tribunal Electoral es “autónoma e independiente” del ámbito penal. NO HAY PREJUDICIALIDAD PENAL. Es decir, en castellano, que el Tribunal no necesita una definición del MPA para resolver el “caso electoral” (art. 130, ley 2600)

2. No se puede hacer fórum shopping normativo. Si el caso (o en general, la materia contravencional, de faltas o penal electoral) esta tratado en la ley santafesina, no se puede buscar fundamento sancionatorio en la ley nacional (CEN). Como sabemos, la materia electoral es provincial y solo se referencia en la ley nacional en caso de laguna o remisión expresa. Igualmente el art 140 del CEN no es aplicable al caso, no hay “inducción con engaños”. Aun si lo hubiera, no es competencia del MPA.

3. El Tribunal Electoral es competente para decidir en el caso. La Ley 2600, que el mismo Tribunal trae a colación como ley aplicable en el caso Caudana para declararse incompetente, expresa:

Art. 131.- Todos los juicios motivados por infracciones a la presente ley y que no tengan designados por la misma o por la Constitución un Juez o Tribunal especial, serán substanciados ante los Jueces de Sentencia en lo Criminal, con intervención del Ministerio Fiscal.

RÉGIMEN MUNICIPAL: 100 AÑOS DE RETROCESO (1921-2025)

 

A.    ARTICULADO

“ARTÍCULO (106): Todo núcleo de población organizado como comunidad con vida propia se constituye como municipio y se gobierna a sí mismo con arreglo a las disposiciones de esta Constitución, del ordenamiento jurídico y su Carta Orgánica, de corresponder.

“Se gobierna a sí mismo”. No es cierto. Y tampoco es igual al “gobierna por sí mismo sus intereses locales” que quitaron del original. El articulado desmiente aquella afirmación “dogmática”. Los municipios no tienen decisión en ninguna materia relacionada a cuestiones institucionales, orgánicas, políticas ni electorales (sus propios intereses)

“del ordenamiento jurídico”: de la ley. Si depende del “ordenamiento jurídico” provincial, es claramente autarquía (como actualmente) y no autonomía. Lo dicen ellos, eh?

“y su Carta Orgánica”: Constitución

La provincia reconoce a los municipios como base de su organización territorial y democrática y garantiza su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero, de conformidad con lo previsto por esta Constitución.

En realidad, no “garantiza” en absoluto ni la autonomía política ni la autonomía institucional. Y habrá que ver la legislación posterior si garantiza los otros órdenes. Eso porque la Constitución, con este texto aprobado, literalmente ahoga la autonomía municipal, la limita de tal manera, irrazonable e impúdicamente, que  despoja a la autonomía de su sentido y naturaleza. 

La ley establece la delimitación territorial de los municipios y resuelve los casos de fusión y segregación que se susciten”

“ARTÍCULO (107): La organización de los municipios y la determinación de los alcances y contenidos de la autonomía municipal son establecidos por el ordenamiento jurídico de acuerdo con las siguientes bases:

 Los alcances y contenidos de la autonomía los determina la Constitución, no la ley. Una autonomía por ley es “autarquía”. No leyeron ningún fallo de la CSJN (Rivademar: “la necesaria existencia de un régimen municipal impuesta por el art. 5º de la Constitución Nacional determina que las leyes provinciales no solo no puedan legítimamente omitir establecerlos, sino que tampoco pueden privarlos de las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido”, Municipalidad San Luis c/ Pcia San Luis, Ponce c/ San Luis, APM c/Festram: normas (leyes) que "no operan como garantías de funcionamiento y autodeterminación sino como un valladar de la autonomía",  entre tantos). Esta previsión es INCONSTITUCIONAL. 

Quitaron del artículo actual lo que hace a la esencia politica-institucional de la “autonomía”: “… un gobierno dotado de facultades propias, sin otras ingerencias sobre su condición o sus actos que las establecidas por esta Constitución y la ley”.

Extirparon conscientemente la base mínima de toda autonomía municipal.

No establece una categorización expresa de municipios. Eso es inaceptable y peligroso. Le da vía libre a la Legislatura para seguir  creando municipios arbitrariamente, exactamente igual que hasta ahora. Ninguna Constitución asegura la autonomía municipal sin determinar las categorías de municipios en su texto. Ninguna.

Esa categorización de municipios no puede depender exclusivamente de las consideraciones políticas coyunturales de mayorías legislativas, y estar sujeta a reformas también coyunturales. Debe ser expresa, concreta y preceptiva, además de razonable. Recordar que tenemos Comunas de 80 habitantes y Municipios de 6000 creados por fuera de la Constitución, incluso, por esta actual Legislatura con el proceso de reforma (con el ingreso de distintos proyectos de ley de necesidad) en ciernes.

Para muestra basta un botón: ESTA misma Legislatura, con diputados y senadores que hoy son convencionales, aprobó la "municipalización" de Alvear y San Jose de la Esquina, por ej.  Ninguno llega a los 10000 habitantes. Entonces, ahora les dan la posibilidad de "recular" y volver a ser Comunas.

Estos mismos son los que van a legislar sobre categorías de municipios. No entiende el que no quiere

Mezcla las regulaciones generales (LOM) con la regulación de “autonomías plenas” y Carta Orgánica. Hacen un matete constitucional ineficiente, mal estructurado y que va a tener tantas interpretaciones como intérpretes intenten desentrañar que es lo que dice. Y tantos regímenes municipales como interpretaciones diferentes.

Cero especificidades y mucha confusión.

1. El gobierno municipal es democrático, representativo y republicano. Aquellos municipios que tengan más de 10.000 habitantes pueden dictar sus propias Cartas Orgánicas Municipales, las que deberán contemplar:

Comienza a “mezclar” régimen “general” con “autonomía plena” (institucional/Carta Orgánica)

a) estructuración institucional local conformada por un Intendente, un Concejo Municipal y un órgano de control externo;

“estructuración institucional local” es “gobierno local”. ¿Qué necesidad de emplear terminología florida y confusa?

b) procedimiento, órgano y mayorías agravadas para habilitar reformas a la Carta Orgánica;

Todo un tema. Las autoridades municipales (PE, PL/Intendente/Concejo) tienen la posibilidad de sancionar una CO por Convención mediante el dictado de una Ordenanza previa, porque así lo establece esta norma. Pero los municipios y sus autoridades carecen de competencias “electorales”, ya que la “elección de autoridades municipales y todo lo “vinculado al sistema electoral” se rigen por ley de la Legislatura.

¿Cómo se dicta una Ordenanza de Necesidad de CO si no se tienen competencias para convocar luego a elección de convencionales y tampoco régimen electoral ni organismo electoral para organizar el proceso de elección y “controlar y juzgar” esa elección? ¿La convoca el Gobernador? ¿La controla y juzga el OE provincial? Lo mismo sucederá a la hora de “reformar” esa CO.

Eso es cualquier cosa menos autonomía.

c) organización de la administración pública local con sus deberes, atribuciones y competencias para una adecuada gestión de los intereses locales;

Lenguaje y redacción no adecuada a una Constitución. Sobreabundante, porque los municipios tienen, en teoría, la posibilidad de darse su propio gobierno.

d) mecanismos de democracia directa y participación ciudadana;

Sin régimen electoral local y sin organismo electoral local, no hay autonomía política y tampoco hay manera de implementar estos mecanismos de consulta popular, revocatoria de mandatos o reforma de CO (en su caso).

Y para ser precisos, la incorporación de estos mecanismos se da, solamente, dentro de la regulación de las “Cartas Orgánicas”. Ello implica que la Constitución no prevé estos mecanismos para los municipios sin CO.

El texto habla solo de una ley (que presumo será la futura LOM) pero en ningún momento prevé la incorporación de estos mecanismos: “toda ley que trate materia municipal se ajustarán a las previsiones de esta Constitución” (inc. 8.). Ninguna previsión de esta Constitución permite incorporar esos mecanismos a una ley.

Por el contrario, y como ejemplo, las Leyes Orgánicas de Municipios y Comunas vigentes en Santa Fe tienen régimen electoral y organismo electoral propios. En otras provincias (E Ríos, Mendoza, que ni siquiera tienen municipios autónomos) todos los municipios tienen régimen y órgano electoral propio.

e) integración de regiones, áreas metropolitanas, asociación intermunicipal y supra municipal y articulación de competencias con la Provincia;

Esto no puede ser “obligatorio” en una CO, es absolutamente contrario a la “autonomía”

f) todo lo referido a la mejor organización del gobierno local y de la comunidad, en el marco de las previsiones de esta Constitución y del ordenamiento jurídico;

¿?¿? La nada misma. Reiterativo, redundante, sin sentido

La Carta Orgánica de la Ciudad es sancionada por una Convención Municipal, convocada al efecto en virtud de ordenanza sancionada por el Concejo Municipal.

Esta perfecto, así debe ser, pero están “apartándose de la competencia” habilitada por la ley en el art. 2.

¿Nulidad o habilitación a tratar otros temas por fuera de lo habilitado por ley?

De conformidad a lo dicho en el inc. b) de este artículo, ¿quien la convoca? ¿cuantos convencionales? ¿con que mayoria la Ordenanza?

2. Para aquellos municipios que no tengan Cartas Orgánicas, previendo que en todos los casos tendrán un gobierno local, elegido directamente por el pueblo; cuya organización necesariamente deberá garantizar el cumplimiento de la función ejecutiva y la función legislativa, elegidos de la misma manera, por el mismo plazo y con representación proporcional y órganos o sistemas de control.

INENTENDIBLE, por lo mal redactado y porque no se entiende si lo anterior era regulación de municipios con Carta Orgánica o régimen general (sin CO). Además reincide con el uso de lenguaje seudo literario innecesariamente para referir a Intendente y Concejo Deliberante

Para determinar el número de habitantes se tomará como base el último censo nacional o el sistema que determine la ley.

Acá te quiero ver. Crearon decenas de municipios inconstitucionalmente (ej.: Malabrigo, Alvear, Romang, San Vicente, y varios etc.) no respetando el numero de 10000 habitantes ni la necesidad de censo. Y encima ahora sacaron la categorización de municipios del texto constitucional. Va a haber un “festival” de municipios según le convenga al gobierno de turno. INACEPTABLE.

Por otro lado si la Constitución dice “se tomará como base el último censo” no puede decir a continuación “o el sistema que determine la ley”. La Constitución está diciendo que DEBE tomarse como base el último censo. Es Derecho Constitucional básico. Lo hizo notar muy bien el Convencional-Senador-Ministro Enrico.

Respecto de la “defensa” que se hizo de esta clausula, solo bastaba escribir “Censo oficial nacional o que especialmente realice la provincia”. Solución que data de 1934. No era difícil.

3. La ley y las Cartas Orgánicas según corresponda, establecerán las pautas y límites de las remuneraciones de los funcionarios municipales.

No tiene ningún sentido, menos en la Constitución.

4. Los titulares de los órganos con función ejecutiva y los integrantes de los órganos con función legislativa de todos los municipios duran en sus funciones el término de cuatro años y son reelegibles una sola vez de manera consecutiva. Si han sido reelectos no pueden ser elegidos nuevamente sino con el intervalo de un período.

Los “titulares de los órganos con función ejecutiva” son los Intendentes y los “integrantes de órganos con función legislativa” son Concejales/Concejo. Así lo establece el  inc. 1, a de este artículo. Si lo establece para municipios con CO, con más razón para aquellos sin CO.

¿Qué necesidad de emplear estas figuras cuasi literarias?

5. Las elecciones de autoridades municipales y todo aquello vinculado al sistema electoral se regirán por la ley que dicte la legislatura provincial. Se realizarán en forma conjunta con las elecciones de autoridades provinciales.

En los municipios con más de veinte mil habitantes la renovación de los Concejos Municipales se realizará por mitades, cada dos años.

Esta clausula es un sinsentido absoluto. No distingue entre régimen municipal general y régimen de autonomía. No distingue régimen, normativa y organismo electoral provincial de municipal. La ley dictada por la Legislatura (LOM) solo puede referir a municipios sin CO, no a todas. Lo mismo las elecciones conjuntas. ¿Que autonomí institucional le asegura la Constitución?

¿Que criterio de razonabilidad indica que un elector de un municipio de 19999 habitantes no pueda ejercer el mismo derecho político-electoral de renovar sus autoridades que un elector de un municipio de 20001 habitantes?

¿Quieren terminar con las elecciones "intermedias"? Ok. Me parece una pésima idea, pero allá Uds. La cuestión es que aquí no se trata de "terminar con elecciones intermedias" ni de "terminar con estar en campaña permanente", si no de "terminar con elecciones intermedias y campañas permanentes" en "algunos municipios" (Armstrong, San Cristobal, Laguna Paiva, etc.)y no en otros (Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, etc.)

¿Que diferencia a un paivense de un rosarino, a un rafaelino de un sancristobalense, en la posibilidad de ejercer un derecho fundamental?

Si un municipio no tiene régimen electoral y OE propio, ¿Qué grado de autonomía política tiene? ¿Qué grado de autonomía institucional y autocefalia tiene?

Ya la Constitución de 1921 otorgaba a municipios y comunas sus propias competencias electorales que,  de hecho y de derecho, subsisten hoy en las Leyes Orgánicas.

Constitución 1921, Art. 142. - Son atribuciones comunes a todos los Municipios: • 1° Las de su propia organización legal y libre funcionamiento económico, administrativo y electoral

ESO ES UN RETROCESO INSTITUCIONAL DE 100 AÑOS. NI MÁS NI MENOS

Y la frutilla del postre: si los municipios de 10000 habitantes pueden dictar CO, ¿Con qué criterio se les va a imponer que no pueden tener elecciones intermedias? De nuevo, eso NO ES AUTONOMÍA

Todas estas “órdenes” para municipios de más de 10000 q pueden dictar CO son IRRAZONABLES Y HASTA INCONSTITUCIONALES, porque desconocen la Autonomía.

6. Los municipios tienen los deberes, atribuciones y competencias expresas e implícitas que se derivan de esta Constitución y de la naturaleza de sus funciones para la gestión de los intereses locales, con base en los principios de garantía de la autonomía y solidaridad horizontal y vertical.

Innecesario, redundante y hasta gracioso, porque hasta aquí, los municipios tiene casi nada de “atribuciones y competencias expresas e implícitas que se derivan de esta Constitución y de la naturaleza de sus funciones para la gestión de los intereses locales”.

7. Las transferencias de competencias, servicios o funciones por parte de la Provincia a los municipios deben realizarse en forma concertada, con aprobación legislativa provincial y local y con la correspondiente asignación de recursos por parte de la Provincia.

No estoy tan seguro de que la Legislatura deba APROBAR las transferencias de competencias. Primero porque la Ley Orgánica de Municipios (que dicta la Legislatura) ya establece transferencia de la mayoría de competencias. Segundo porque en el caso de municipios con autonomía plena (institucional), solo se diferencian por la posibilidad de dictar CO y ese municipio es libre de acordar transferencias sin depender de la aprobación de la Legislatura.

8. Las cartas orgánicas municipales y toda ley que trate materia municipal se ajustarán a las previsiones de esta Constitución y a los principios de colaboración, participación, auxilio, cooperación y coordinación.

9. El Estado Provincial brindará asistencia técnica a los Municipios para colaborar con la mejora de sus capacidades para gestionar sus intereses locales. 

El texto aprobado por el Dictamen no distingue régimen municipal general (Ley Orgánica) de Régimen Autonómico pleno o semi pleno (C.O.). Deben tener regulación diferente y acá se confunden y hasta mezclan.

La regulación constitucional de los contenidos de la LOM debe ser más específica y concreta respecto de temas institucionales y competencias en diversos órdenes. La regulación de los Municipios autónomos debe ser un marco general, con principios básicos aplicables a CO, pero nada más.

Se nota que es un proyecto hecho a las apuradas, sin entender los conceptos básicos y reservando para la Legislatura atribuciones que, además de no estar circunstanciadas, son tan amplias que desvirtúan todo el régimen

Un ejemplo para que se entienda: hace poco declararon municipios a Alvear y San José de la Esquina, entre otros. Ninguno de los dos llega a 10000 habitantes. Son municipios inconstitucionales inventados por ESTA Legislatura. Y hay varios casos más. ¿Podrán ser autónomos como si tuvieran 10000 habitantes? Si no tienen 10000 habitantes ¿Cómo es que son municipios?. Porque el Censo de 2022 estaba. Y la norma que obliga a tomar en cuenta los Censos para determinar las categorías estaba (Ley 13461 y LOM)

Ahora se contempla en la Constitución que se va a considerar número de habitantes y Censo. Pero no establecen el número de habitantes. Eso quiere decir que cualquier municipio que a ellos se les ocurra va a poder cambiar su estatus. Y ya ni siquiera incumplirían la Constitución. Incumplirían SU PROPIA LEY. No se le puede dar a la Legislatura semejante competencia/poder discrecional.

B.     CLAUSULAS TRANSITORIAS

CT (...): La unificación de las elecciones de los mandatos provinciales y municipales conforme lo previsto en el artículo 107 de esta Constitución comenzara a regir a partir de 2035

Tranquilamente podría unificarse a partir de 2029, con el criterio que se utiliza en los incs. b. y c. Yo no estoy de acuerdo, pero si se coarta la posibilidad de renovar Concejos elegidos en 2025, bien podría limitarse el mandato de los Intendentes hasta 2029. Irrazonable. Incoherente.

A tales fines:

a.      Los titulares de los Departamentos Ejecutivos Municipales que se elijan en el año 2029 serán electos por un periodo de seis años, por única vez.

Hay una CT de la Comisión de Funcionamiento del Estado que dice que “no se pueden prorrogar mandatos de autoridades electivas” por ningún motivo. ¿Entonces?

b.      Los Concejales de municipios con menos de 20000 habitantes que se elijan en 2029 desempeñaran su mandato hasta 2031, periodo que será considerado a los fines de la aplicación de límites a las reelecciones, con excepción de los casos en que constituya primer mandato.

Irrazonable. Si los legisladores e intendentes/Concejales no cuentan estos dos años (2025/27) como primer mandato, ¿por qué para aquellos Concejales electos (e incluso para Gobernador y Vice) por solo dos años sí contará como primer mandato?

“Con excepción de los casos en que constituya primer mandato”. Los Concejales que se elijan en 2029 en su 1° mandato, no será considerado tal a los efectosde reelección, por lo cual tendran 3 mandatos consecutivos, es decir dos reelecciones.

Irrazonable. Si para los que ya tenía un 1° mandato hasta 2029 y reeligen 2029/31 ese mandato de dos años cuenta para la reelección, porque no los dos primeros años de los concejales "noveles"?

Es un descalabro, porque ademas la unificación llegará en 2037, contra la previsión de la primera CT

Una disquisición: para la Vicegobernadora que solo cumple dos años de mandato y luego asume como diputada. ¿Estos dos años cuentan como primer mandato? Sería bueno preverlo en una CT.

c.      Todos los Concejales de municipios con menos de 20000 habitantes que fueron electos en 2025 desempeñaran su mandato hasta el año 2029. No se aplicarán los resultados de los sorteos realizados en función de las previsiones del artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756.

La última parte da cuenta de un régimen electoral “especial” de municipios que se considera vigente a estos efectos. ¿Cómo es posible que la nueva Constitución no prevea un régimen electoral local? ¿No hay algo de “regresividad” ahí?

CT (...): Los mandatos de las autoridades municipales y comunales elegidas por el voto popular que se encuentran en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no serán considerados como primer período.

Para los titulares de Departamentos Ejecutivos Municipales cuyo mandato comienza en diciembre de 2025 este será considerado como primer período.

Remito a lo dicho en el inc. b. del art. 107

CT (...): La Legislatura deberá sancionar una nueva Ley Orgánica de Municipios de acuerdo con las nuevas disposiciones de esta Constitución, dentro del plazo de un año contado a partir de su entrada en vigencia.

La Legislatura deberá sancionar una nueva Ley Orgánica de Municipios [de acuerdo con las nuevas disposiciones de esta Constitución,] dentro del plazo de un año contado a partir de su entrada en vigencia.

CT (...): Las ciudades que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución se encuentran organizadas institucionalmente como municipios con un Departamento Ejecutivo y un Concejo Municipal y tengan menos de 10.000 habitantes podrán decidir si mantienen su estructura institucional actual o adoptar la estructura institucional que contemple la nueva Ley Orgánica de Municipios.

¿En serio? El desajuste lo creó, incumpliendo la Constitución, la misma Legislatura que ahora va a dictar una nueva LOM.

¿Qué municipio organizado hace 15 minutos con Intendente, Concejo, estructura burocrática, empleo público, etc. va a querer, o va a poder, retroceder “institucionalmente”?

La imprevisión del legislador no se presume.

La decisión de adoptar la nueva estructura institucional debe ser formalizada a iniciativa del Departamento Ejecutivo, aprobada por ordenanza sancionada por dos tercios de los miembros de sus Concejos Municipales y comunicada a la Legislatura.

CT (...): La ley que establece el régimen de coparticipación previsto en el artículo X deberá dictarse antes del plazo máximo de dos años, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente no podrá modificarse en desmedro de la totalidad de los municipios la distribución de recursos vigente al momento de la sanción de esta reforma

"en desmedro de la totalidad de los municipios". ¿Si es en desmedro de algunos municipios puede modificarse?