ELECTORANDO

    En cualquier democracia que se precie, las leyes, dictadas por el poder político versión legislativa,  lo son con carácter general: deben ser obedecidas o acatadas por todos, incluso y especialmente, por esos propios órganos de poder, y por los hombres y mujeres que por ellos actúan.   En el Derecho Electoral,  el cumplimiento de sus normas es exigible también para todos, pero, como quizás en ninguna otra materia, se espera de los órganos de poder y de quienes por ellos obran, un respeto aun más "exigible", moral y jurídicamente hablando. ¿Por qué? Bueno, pues porque son directrices casi exclusivamente dirigidas a organizar y limitar a esos mismos poderes del Estado que las dictan y aplican, en tanto esas normas diseñan y regulan en detalle las formas establecidas por la Constitución para acceder a los cargos electivos y su consecuente control. En palabras de nuestra CSJN  "... el sometimiento del estado moderno al principio de legalidad, lo condicio

  San Guillermo, pequeño municipio santafesino del Dpto. San Cristobal, vive inmerso, por estos días, en dos situaciones complejas, de máxima gravedad, cada una de ellas en su especie: una, conocida por todos, se relaciona con la pandemia de COVID-19  (O.M.S.), que obligó al gobierno nacional a decretar el Aislamiento Social o "Cuarentena" obligatorio y al gobierno provincial a adherir a tal medida, absolutamente acertada. El aislamiento social o Cuarentena derivó en la suspensión de todas las actividades públicas y/o privadas que no fueran esenciales y restricciones a la libre circulación. La otra, una situación institucional subvertida , fruto de las pésimas decisiones políticas locales y de la inentendible inactividad jurisdiccional del Tribunal Electoral, que derivó en la ilegítima asunción como Intendenta de transición (por llamarla de alguna manera) de una ex concejala que nunca fue electa como tal y que nunca siquiera juró o asumió como concejala (para lo que si ha