LOS NONES DE LA PARIDAD. NUEVO PROYECTO DEL FPCYS
El proyecto consta de 27 artículos, que bien podrían reducirse a varios menos.
Art. 1: La ley tiene por objeto garantizar la participación política equitativa entre géneros en la conformación de listas. En su segundo párrafo esa participación política equitativa se entiende como paridad entre hombres y mujeres en las listas de precandidatos/as y candidatos/as, así como en la composición de cuerpos colegiados.
Hay una dualidad de criterios o conceptos que convendría unificar: ¿participación equitativa o paridad? ¿Género o sexo? ¿Listas solamente o listas y Cuerpo?
Por otro lado, el artículo contiene una previsión inconstitucional, en tanto determina la aplicación de la norma a las listas de Convencionales Constituyentes. Nuestra Constitución reserva todo lo referente a “…las bases fundamentales de la elección…”de Convencionales a la ley que declare la necesidad de reforma, sancionada por una mayoría calificada (art. 114 y 115), por lo que esas cuestiones no pueden ser reguladas por otra ley.
Art. 2: Establece el respeto a la identidad de género autopercibida, independiente del sexo, en concordancia con la Ley Nacional n° 26743 de Identidad de Género.
La dificultad aquí radica en que la mencionada ley nacional establece que “Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida” (art. 3). Ello implicaría que cualquier persona (o porque no un partido) podría alegar esta cuestión “voluntaria”, aduciendo una determinada identidad de género autopercibida como cumplimiento de condición y requisito para ser incluida en Listas en virtud de esta prescripción del art. 2. Sería adecuado requerir, como lo hacen la totalidad de leyes o proyectos en esta materia, la necesaria rectificación registral que pruebe tal circunstancia (percepción de género), a los efectos de su “oponibilidad a terceros” (art. 7)
Arts. 3 y 4: El art. 3 trata sobre Cargos Electivos de Cuerpos Colegiados, en tanto el art. 4 trata separadamente sobre la Cámara de Senadores. Hay que decir que la Cámara de Senadores es también un Cuerpo Colegiado, al igual que la Cámara de Diputados, Concejos Deliberantes y Comisiones Comunales.
El art. 3 vuelve a referir a listas de Convencionales, por lo que le cabe el reparo de inconstitucionalidad hecho al art. 1.
En otro sentido, sería conveniente determinar si la alternancia de géneros es ininterrupida en la totalidad de la lista, o separadamente en Titulares y Suplentes
El art. 4 contiene una previsión que se da de bruces contra lo establecido en el art. 1 del proyecto en el que se entiende como paridad “…en la composición de los cuerpos colegiados, conteniendo un 50% de cada género”. Según el art. 4 la alternancia “se entenderá cumplida cuando titular y suplente sean de distinto género”. De tal forma, por un lado no se hace aplicación del principio de paridad tal como lo establece el proyecto, y por el otro jamás sería posible la paridad en la Cámara de Senadores. Al respecto podrían intentarse otras alternativas (al respecto, https://electorando.blogspot.com/2019/03/en-el-dia-internacional-de-la-mujer.html)
Art. 5: En sintonía con el espíritu
del proyecto, establece la conformación de la fórmula ejecutiva con dos
personas de diverso género/sexo (varón/mujer). No se objeta la disposición.
Solo acoto que ello “podría” obstar a los necesarios consensos (intra o
interpartidarios) a la hora de presentar fórmulas competitivas para una
elección.
Art.
7: Establece que cualquier elector podría
impugnar ante el Tribunal Electoral una lista que no cumpla con la presente
reglamentación. Es una buena manera de incentivar la participación ciudadana.
El tema es que ninguna lista es “oficial” hasta tanto no sea “oficializada” por
el Tribunal Electoral. Y en tanto, según el art. 6 del proyecto, el Tribunal no
puede oficializar ninguna lista que no cumpla con estas disposiciones
paritarias, la impugnación se haría, si se diera el caso, contra la
resolución del TEP que oficializa una lista que no se encuadre en la norma.
¿Puede darse el caso? Claro. Varias listas municipales oficializadas en la
elección de 2017 no cumplían con las previsiones de la ley de cupo 10802. Nadie
presentó impugnaciones.
Art. 8 (concordante con art. 19): el art 8 establece el reemplazo o cobertura de vacancias en listas de conformidad a los criterios de corrimientos ascendentes y por persona del mismo género, readecuando la integración de las mismas, y conservando siempre la alternancia varón/mujer.
El art. 19 por su parte modifica el art. 14 de la ley 12367, estableciendo que las vacancias en listas de “candidatos” a diputados, concejales o Comisión Comunal se hagan de conformidad al art. 8 del proyecto, antes citado.
Art. 10: establece la conformación paritaria del gabinete ministerial. Como opción legislativa razonable, no tiene reparos. Sin embargo, le cabe el cuestionamiento hecho al art. 5 respecto de condicionar, en este caso, una facultad propia del Ejecutivo, más allá de que las acciones positivas de la CN refieren específicamente a los cargos electivos, y no a aquellos cuyo nombramiento (y la concomitante responsabilidad por ello) es atribución privativa del Gobernador.
Art. 12: simplemente una corrección. Donde dice “el principio de paridad de género será cumplido cuando en sus órganos partidarios se encuentre representada una cantidad igual de mujeres y varones”, en realidad debería decir “…cuando sus órganos partidarios se encuentren conformados por una cantidad igual…”, o fórmula similar.
Art. 13: establece la obligación de todos los Colegios, Consejos y Asociaciones profesionales, sin excepciones, de respetar el principio de conformación paritaria en sus listas de candidatos y en la conformación de órganos de gobierno. De imposible cumplimiento en algunas ramas de profesiones u oficios. Debería contemplar opciones y excepciones.
Art. 14: modifica el art. 4 de la ley 12367, donde dice “Listas
de candidatos” por “Lista de Personas Candidatas” pero
seguidamente, mantiene “Podrán asimismo postularse candidatos…” o “…en
caso de no cumplir el o los candidatos…”. En beneficio de la técnica
legislativa debería unificarse el criterio “de género”. En cuanto al
cumplimiento de las normas de paridad, bastaría referir directamente al art. 3
del proyecto/ley, lo mismo que la mención a la no oficialización de listas que
no cumplan esas normas, sanción o consecuencia ya determinada en el art. 6 del
proyecto. Respecto de este último caso, el incumplimiento de las normas de
paridad, el artículo establece que “los candidatos…” tienen derecho a contestar
las mencionadas observaciones. En realidad, quien debe contestar las observaciones
por el incumplimiento de las reglas de paridad, no son los “candidatos”, sino
la agrupación interna que presentó la lista.
Art. 15: modifica el art. 6 de la 12367, con la fórmula “Personas Candidatas”. Reitera, innecesariamente, la sanción por incumplimiento que ya está establecida, genéricamente para todas las categorías, en el art. 6 de la norma/proyecto de paridad.
Art. 16: modifica el art. 9 de la 12367, y repite la fórmula “Personas Candidatas”, aunque mantiene la mención de “candidatos a Diputados…”. Luego agrega que la elección de “candidatos a Gobernador y Vicegobernador” debe respetar el principio de participación política equitativa entre géneros, cuestión que ya está contemplada en el art. 5 del proyecto/ley de paridad.
Art. 17: modifica el art. 11 de la 12367, conservando la fórmula “personas candidatas”, pero aquí refiere a “Diputados/as”. Repite además toda la fórmula respecto de la integración de listas ya sentada en el art. 3 del proyecto/ley de paridad. Además reitera, innecesariamente, la condición de que la integración de las listas se haga por sistema D´Hondt, cuestión ya contemplada en el artículo anterior (Art 16, 9 de la 12367)
Art. 18: modifica el art. 12 de la 12367. “Fórmula de Gobernador y Vicegobernador”. Luego hace referencia a las fórmulas de “Gobernador/a” y “Vicegobernador/a”, reiterando nuevamente lo establecido por el art. 5 del proyecto/ley de paridad: Gobernación: un candidato de cada género/sexo. El artículo en análisis establece que en caso de vacancia de los “candidatos” a Gobernador/a o Vicegobernador/a se deberá proceder al reemplazo por persona del mismo género. Aquí el proyecto se “come” (involuntariamente) o “deroga” (voluntariamente) el 2° párrafo del art 12 de la 12367, que, conforme los criterios establecidos por la CNE y en la propia Ley 12367 (art. 14, por ej) establece el “corrimiento ascendente” del Vicegobernador, que reemplaza al Gobernador en caso de que ese sea el cargo vacante. Claro está que la redacción original del art 12 de la 12367 no es muy feliz.
Art. 26: Clausula Transitoria por la que establece que el Ejecutivo “adoptará todas las medidas de acción positiva para garantizar y adecuar de manera progresiva el cumplimiento de la paridad de género en la conformación actual de su Gabinete hasta llegar a cubrir en forma equivalente para hombres y mujeres la cantidad de Ministerios y Secretarías de Estado existentes”. La manda legal, así redactada, implica que el Gobernador deberá adoptar (adoptará) medidas que, en síntesis, significarán tener que pedir renuncias a funcionarios del Gabinete nombrado por él, con amparo constitucional, para poder alcanzar la paridad de género en el total de Ministerios y Secretarías, en virtud de una ley posterior a esos nombramientos y en detrimento de facultades propias. Un poco mucho.
Si bien no soy partidario de regular la paridad por ley, y estoy convencido que una aplicación de cupos 60/40 para cualquiera de ambos sexos sería más productiva y menos conflictiva, si se legisla sobre paridad, y más allá de los cuestionamientos hasta aquí expresados, deberá respetarse la opción legislativa.
Dicho esto me detendré en el análisis de los arts. 8 y 20 del proyecto, a los que dejé para el final, en razón de merecer estos, en mi opinión, y según la legislación vigente, graves cuestionamientos constitucionales.
El sistema electoral nacional, así como el de la provincia de Santa Fe, prevén, como la casi totalidad de los sistemas provinciales, la elección de listas legislativas (diputados, senadores, concejales, etc.) de conformidad a lo que se conoce como sistema de listas cerradas y bloqueadas. Ello significa que los electores, cada uno de nosotros, votamos esas listas tal cual son presentadas por el partido y/u oficializadas por la autoridad electoral. No tenemos la posibilidad, ni nosotros al momento de votar, ni los partidos, ni el organismo electoral, y mucho menos los propios Cuerpos legislativos, luego de efectuada la elección general, de modificar esas listas, cambiando el orden de prelación (preferencia) o quitando algunos nombres o tachando (tacha) nombres de aquellos candidatos que no nos gusten. Esos sistemas (tacha o preferencia) no son admitidos por la CN ni por la CP. Y modificar, o desconocer unilateral y arbitrariamente, lo que decide la voluntad popular a través del voto, es vulnerar aviesamente un principio fundamental del derecho electoral: el ppio de respeto a la genuina voluntad popular, que debe ser protegida frente a cualquier atropello, con mayor razón si ese atropello es perpetrado desde el Estado
Para entender, veamos algunos extractos de fallos de la CNE al respecto:
No
se advierte que el sistema electoral vigente, que consagra la modalidad de listas
cerradas y bloqueadas para la elección de diputados nacionales [...]
importe una restricción indebida del derecho de sufragio activo, pues no
constituye manifiestamente una reglamentación irrazonable del derecho de elegir
en tanto no importa aniquilarlo ni alterarlo en su esencia, ni consagra una
manifiesta iniquidad, razón por la cual conserva todo su vigor ante las
nuevas disposiciones de rango constitucional introducidas por la reforma de 1994. 3069/02
La
Constitución no asigna a la Cámara ninguna
autoridad para excluir a una persona debidamente elegida por sus electores, que
satisface todos los requerimientos de incorporación prescriptos explícitamente.
3303/04
Carece
de interés jurídico cualquier pronunciamiento relativo a candidaturas de
ciudadanos que resultaron electos, toda vez que lo fueron como consecuencia de
la voluntad popular mayoritaria libremente expresada, por lo que pretender desconocer tal voluntad sobre la base de supuestos vicios en el origen de sus candidaturas resultaría
atentatorio a la soberanía del cuerpo electoral que los eligió. 2802/00
No
es irrelevante la distinción entre la condición de candidata a diputada y de diputada electa pues media entre ellas la expresión de la voluntad popular manifestada a través de las urnas.
2985/01
Es
un principio elemental del derecho electoral el respetar la genuina voluntad
del electorado expresada a través del sufragio, mecanismo constitucional que
hace prevalecer dicha voluntad por sobre todo acto volitivo.2985/01
La
genuina expresión del electorado constituye un valor supremo esencial
para la existencia de una democracia auténtica y que la Justicia Electoral debe resguardar más allá de
los intereses particulares de las agrupaciones políticas (cf. Fallo cit.,
consid. 3°).3259/03
Finalmente leemos a algunos
doctrinarios del Derecho Electoral, respecto del sistema de listas cerradas y
bloqueadas:
Lourdes
Lodi (Politóloga, especialista en sistemas electorales, UNR): “Otra
reforma posible en lo que a la elección de diputados respecta es la eliminación de la lista sábana – cerrada y
bloqueada- por la que hoy elegimos veintiocho legisladores sin posibilidad
de alterar el orden ni de marcar preferencias o realizar tachas.” https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/11301/AportesReformaConstitucional.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Dr. J. M.
Pérez Corti (Abogado, Mgr. en Partidos Políticos, Relator CSJ Córdoba): “Este
sistema puede concretarse con dos metodologías diferentes, por lo que es factible
hablar de lista cerrada bloqueada y no
bloqueada. La primera de ellas, cuando no existe la posibilidad de introducir
modificación alguna en el orden asignado a las candidaturas por el mismo
partido (i.e. el orden de los candidatos es fijo e inalterable) http://www.joseperezcorti.com.ar/Archivos/DPPyM/Unidades/U_06_2_Ds_Politicos_y_Sistemas_Electorales.pdf
Si eso no convence, aconsejo la lectura de un pequeño artículo de las politólogas Flavia Freiderberg y Mariana Caminotti (además, Secretaria de Género y DDHH, Municipalidad de Rosario):
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182016000300121#aff1
Por último, es interesante lo que dice Dieter Nohlen al respecto: “En el caso de las listas cerradas y bloqueadas, el candidato está atado a la nominación del partido…. Sobre todo con listas cerradas y bloqueadas, los partidos pueden nominar por ejemplo a especialistas, mujeres o representantes de determinados grupos sociales en lugares «seguros» en la lista.” https://es.slideshare.net/tuesta/sistemas-electorales-dieter-nohlen.
Para quien quiera entender, es evidente que ninguno de estos especialistas considera siquiera la posibilidad de que alguien (OE, Cámaras, o quien sea) pueda modificar la lista de electos (post elección general). Nohlen agrega otro ingrediente, presente también en el trabajo de Freiderberg y Caminotti: la ventaja de las listas cerradas y bloqueadas (como la nuestra) para nominar mujeres en lugares “seguros” de la lista. Pero nunca nadie habla de la "facultad de cambiar de prepo” los lugares de la lista electa. Eso no pasa en ningún otro lugar del mundo. Sólo en Santa Fe. A veces a nivel nacional.
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