Too much law will kill you
Nunca, o casi nunca, si de leyes hablamos,
cantidad es calidad. Demasiada cantidad puede llevar a que las leyes esenciales
queden ocultas por una maraña de leyes “menores” que dificultan enormemente la actuación
de quienes deben aplicarlas, por un lado, y de quienes deben someterse a ellas,
por el otro. Es entonces que surgen nuevos problemas que se suman a aquellos que
intentaban solucionarse. Y cuando las normas en cuestión refieren a la
regulación de un sistema institucional complejo, esencial en y para las democracias, como es el régimen electoral en su conjunto, con todo lo que ello implica, los
problemas se transforman en "enfermedades crónicas"
que van debilitando la salud de ese sistema.
Eso ocurre, en cierta forma, con el sistema
electoral santafesino. y no siempre por la propia enfermedad, sino por errores en
el diagnóstico. Es que rara vez se ataca la causa y se hace foco en las
consecuencias, lo que a nivel legislativo, claro está, produce mayores
réditos.
Esta especie de "ilusión normativa" produce una gratificación transitoria debido a la percepción de que la sanción de determinadas normas apuntan eficientemente a solucionar determinados temas. No importa tanto el contenido (sustancia), sino que se dicte la ley (forma): asi pasó con la "paridad" o con la "ficha limpia", por ejemplo.
El sistema electoral
santafesino ha tenido, es cierto, interesantes avances cualitativos en los últimos años, a
partir de la implementación de la Boleta Única papel por categorías y la
asignación de espacios publicitarios, que lograron significativa
relevancia en orden a transparentar el procedimiento de votación y la
asignación de recursos del Estado, entre otros.
Más allá de esta cuestión, que es
importante, pero que es solo parte de una estructura mayor, mas compleja e interconectada, el sistema
electoral, en Santa Fe estamos siempre emparchando las ruedas de un carro. Las
normas electorales, en nuestra provincia, y al contrario de lo que sostienen empecinadamente el Tribunal Electoral y la
Corte provincial, son incoherentes, reemplazan sin derogar, cambian sin cambiar mecanismos, algunos anacrónicos e inaplicables, y otros que estando vigentes no se aplican en la actualidad.
Hay institutos o materias electorales tratados por
dos o más leyes contradictorias, hay leyes que no se aplican, las hay que se aplican estando
derogadas, leyes que se derogan sin haberse aplicado, etc., Mientras tanto, no
se modifican las leyes que sí deben ser modificadas, y hasta hay proyectos de
ley que pretenden modificar algunas leyes ya derogadas. En serio. No es broma.
Y ese es uno de los problemas. A veces,
cuando el legislador pretende legislar sobre temas que no conoce en detalle, o que conoce
solo desde el lado de la política, sin asesoramiento, con mucho de voluntarismo
y marketing, pasan estas cosas. Se legisla parcial o sesgadamente, sin tener en
cuenta todo el "universo electoral". Otro problema es que, como
dijimos, si lo que se busca mejorar es un sistema complejo, con procesos
diferenciados pero concatenados e interdependientes, no podemos hacer cambios
solo en uno o algunos de ellos, sino que debemos mejorar el sistema
considerándolo en su conjunto y no como una serie de mecanismos autónomos y
autosuficientes.
Finalmente, y por ello sostengo la necesidad perentoria de una
reforma constitucional, es necesario reformular, a través de normas mas
modernas, equilibradas, solidarias y democráticas, las formas de reparto del
poder diseñado por la Constitución del 62. Y creo que este, puntualmente, es uno de los
motivos, sino “el” motivo, por el cual esa reforma aún no se llevó a cabo.
En el mientras tanto, podemos hacer lo que
podemos. Esto es, mejorar estructuralmente el sistema a través de normas que
regulen la temática electoral sin ofender al texto constitucional, al menos mientras
no haya reforma, reglamentando, en lo que corresponda, sus institutos
“razonablemente”, en cuanto ella lo permita.
Y la mejor manera de hacerlo, en mi opinión,
es a través de la compilación, actualización, sinceramiento, mejoramiento y
sistematización de las normas electorales existentes. En síntesis, un Código
Electoral santafesino, que unifique criterios, que salve los escollos
reglamentarios que hoy tienen las leyes electorales para aplicarse, y que en un
solo cuerpo legal normatice, no solo el proceso electoral propiamente dicho,
sino también todo aquello que lo motoriza y le da sentido y contenido: los
partidos políticos, las campañas, financiamiento, sanciones, el rol del Estado,
de los ciudadanos como partícipes necesarios de ese proceso, en su triple
rol de electores, elegidos y garantes del sistema, y también a los organismos encargados
del control y dirección de los procesos electorales y de la actividad de los
partidos políticos (en tanto asociaciones con personalidad jurídico-política), dotándolos
de independencia funcional y financiera, con las competencias necesarias y con
una jurisdicción que posibilite el debido proceso electoral, expedito y neutral/imparcial.
No se puede continuar legislando coyunturalmente,
desconociendo la esencialidad de las normas que deben fijar las reglas del
sistema electoral y de su procedimiento, creyendo que, como dijo irónicamente Ortega y Gasset, se
trata solo de un “mísero detalle técnico”.
En definitiva, si Santa Fe quiere ser la provincia más progresista y de vanguardia en materia electoral e institucional, sentemos las bases: una reforma constitucional y un Código Electoral. Ello les evitaría avergonzar (o continuar avergonzando) a nuestra Constitución y a nuestras instituciones.
